El proyecto de control de los vastos recursos energéticos continentales es puesto en práctica ahora mismo; esta trama imperialista redundará en el dominio absoluto sobre nuestro territorio; serán desplegados importantes contingentes bélicos, así como numerosos agentes civiles para propagar el dogma único del libre mercado y la democracia impuesta manu militari.

El Plan de Estados Unidos para América Latina, que ya resumimos anteriormente, tiene como antecedente la Ley de Ayuda Exterior, aprobada en 1961 por la administración de John F. Kennedy que, según Doug Stokes, de Znet, “incluía una dimensión de seguridad de amplio espectro”, sustentada en el supuesto combate del comunismo, con lo cual “Latinoamérica se convertiría en el área primaria del intervensionismo estadounidense durante la guerra fría”.

Se fomentó la asistencia contrainsurgente, coordinada por Estados Unidos, destinada a la “prevención de la independencia y la preservación de los países abiertos a la penetración de capitales estadounidenses”, en cuyos manuales de entrenamiento se incluía la “guerra de guerrillas, propaganda, subversión, inteligencia y contrainteligencia, actividades terroristas, acción civil y operaciones de combate convencional”.

Para 1962, al mando del general William Yarborough, varios contingentes de fuerzas especiales fueron llevadas a Colombia para adiestrar batallones contrainsurgentes; el propio general advirtió que: “hay que hacer un esfuerzo concertado en todo el país orientado a la selección de personal civil y militar apto para entrenamiento clandestino en...funciones de contra espionaje y propaganda, y para ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y terrorismo contra promotores conocidos del comunismo.”

Dichas tácticas terroristas son impartidas en la Escuela de las Américas, el más importante centro de adiestramiento en guerra no convencional donde, según el Consejo de Supervisión de los Servicios de Inteligencia de los Estados Unidos (IOB), entre 1982 y 1991, se “utilizaba material para entrenar oficiales latinoamericanos, que incluía prácticas tales como ejecuciones, extorsión, abuso físico, coerción y encarcelamiento fingido.”

De manera atinada, Stokes explica que: “con el final de la guerra fría la retórica de la política estadounidense ha cambiado del anticomunismo a la guerra contra las drogas y ahora a la guerra contra el terrorismo”; no obstante, “los objetivos se mantienen esencialmente intactos: evitar una alternativa hemisférica funcional que cuestione la hegemonía estadounidense y reprimir a la sociedad para prevenir los costos físicos asociados a la disidencia declarada.”

Entre todos estos propósitos, el más importante es asegurar la sustracción de nuestras riquezas energéticas; no hay mejor forma que militarizando amplias regiones continentales; incluso, sembrando el terror entre sus pobladores, ya bastante sumidos en la más tremenda miseria.

El Plan Colombia

El proyecto de apropiación del petróleo y el gas latinoamericanos ya está en marcha; ello se comprueba con la reunión, en Miami, entre el jefe del Comando Sur, James Hill, y los secretarios de la fuerzas armadas de Ecuador y Colombia, Oswaldo Jarrín y Jorge Enrique Mora donde, según Marcelo Larrea, de Adital, el primero insistió en su “demanda de regionalizar el Plan Colombia”, como parte del Plan de Actividades propuesto por el Pentágono, el cual incluye la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de las fronteras, como pretextos para imponer la agenda militarista de Washington. Se trata de aplicar por la fuerza de las bombas la privatización de los yacimientos energéticos de la zona.

Un primer paso en tan nefasto sendero, será el cierre de la frontera entre Ecuador y Colombia, supuestamente para frenar el abastecimiento de pertrechos destinados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); luego, en esa misma línea fronteriza serán agrupados miles de soldados ecuatorianos, en franca violación de la soberanía y el control territorial del Estado colombiano; en tal escenario, cualquier chispazo de violencia provocada en esta zona, podría desencadenar las hostilidades entre Ecuador, Colombia y hasta la misma Venezuela, cuyo gobierno es bastante incómodo para Washington.

Hasta la temible empresa mercenaria, Dyn corp, inmiscuida en el financiamiento de las guerras genocidas en Yugoslavia y en el patrocinio del narcotráfico en Colombia, se encargará de la conducción logística de la base aeroespacial de Manta, Ecuador, a cuyo amparo se edificó el Centro de Operaciones de Avanzada (FOL), desde el cual han despegado más de mil vuelos militares hacia la zona comprendida dentro del Plan Colombia.

Este proyecto es parte del plan de sustracción del petróleo y el gas latinoamericano, emprendida por la Oficina del Pentágono para Asuntos Latinoamericanos la cual, según el Centro para la Política Internacional, fue trasladada del Buró para Asuntos de Seguridad Internacional, el cual ejerce control sobre los recursos mundiales desde sus distintas sedes en África, Medio Oriente, Asia y Europa, hacia el nuevo Buró de Operaciones Especiales y Conflicto de Baja Intensidad. Su mismo nombre nos muestra el talante subrepticio de esta guerra contra el continente americano.

En base a datos suministrados por este mismo organismo, “Latinoamérica es la única área geográfica asignada a una oficina que se ocupa de cuestiones tales como terrorismo, acción antidrogas y otras actividades de fuerzas especiales; además, según Datos

Análisis, de sus 16 mil miembros a nivel mundial, 4 mil se encuentran en América Latina; tan sólo el Comando Sur cuenta con 800 militares y 325 civiles en su asiento general, en Miami; a ellos se agregan los 570 militares y 1390 civiles del Ejército Sur de Estados Unidos, localizado en Puerto Rico, así como el Contingente Conjunto-Bravo, situado en Honduras. Tantos combatientes parecen el preámbulo de algo más que una simple maniobra rutinaria. Más bien, estamos ante la fase definitiva de conquista hemisférica para la apropiación violenta de nuestras cuencas energéticas.

La red militar mediante la cual Washington ejerce el control y dominio sobre los recursos naturales del continente, se extiende hasta sus embajadas, en las cuales trabajan 107 funcionarios en “asistencia en seguridad”-; a los que se suman los 13 mil policías y militares entrenados en 1999, cuyo adiestramiento corrió a cargo de “equipos móviles” de Estados Unidos quien, a través de sus Fuerzas Especiales para Entrenamiento Antidroga y otro tipo de convenios de seguridad controlan a las fuerzas armadas nacionales. Cualquier tipo de invasión colonial requiere la subordinación de las fuerzas armadas nacionales, que por naturaleza deben salvaguardar la integridad territorial.

Asimismo, los seminarios impartidos en decenas de organismos militares estadounidenses, como el Instituto del Hemisferio Occidental de Cooperación para la Seguridad, donde han sido entrenados 650 militares latinoamericanos en el mismo año; incluidos los ejercicios multilaterales, “intercambios regulares y cursos”, dados por el Centro de Estudios para la Defensa Hemisférica de Washington; todos estos instrumentos de penetración son usados para dominar el continente entero y así apoderarse de sus inmensos yacimientos petroleros y gaseros. Aquellos miembros del ejército entrenados en esta clase de instituciones seguramente pierden el sentido de defensa interna, mientras su mente se enfoca hacia la protección de los intereses extranjeros, casi siempre distantes del bienestar nacional.

Trama del caos boliviano

Meses antes del trágico levantamiento popular, aparecieron rumores sobre un presunto golpe de estado, donde sería asesinado el principal líder opositor, Evo Morales; según el periodista Wilson García Mérida, esta filtración provino de la embajada norteamericana, donde el embajador David Greenlee urdió la entrega del gas boliviano.

Al mismo tiempo, la subsecretaria de Asuntos contra el Narcotráfico, Deborah MacCarthy, daba a conocer el envío de tropas del Comando Sur hacia la región de Chapare, con el pretexto de erradicar los cultivos de coca; ella misma advertía sobre presuntas infiltraciones de guerrilleros de las FARC en territorio boliviano; siempre es el mismo subterfugio: el narcoterrorismo.

Por cierto, MacCarthy desarrolla aparente trabajo como “intelectual progresista” desde la Universidad del Noroeste de Boston; ha publicado varios libros, entre los que destaca el titulado Neoliberalismo, Globalización y Lucha para la Democracia Ecológica; vaya nombre para un personaje experto en invasiones militares. Su más oscuro momento, se dio cuando introdujo 2 mil militares estadounidenses del Comando Sur a Nicaragua, con el pretexto de suministrar ayuda para los damnificados por el huracán Mitch; en ese entonces era Ministra Consejera de la embajada norteamericana en Managua. Después será funcionaria del Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa; así se llama la antigua Escuela de las Américas. Desde ahí elaboró operaciones secretas para extender el Plan Colombia hacia todo el continente.

Sin duda, la provocadora estrategia del embajador Greenlee es parte del proyecto de expansión militar estadounidense hacia todo el hemisferio; este funcionario fue consejero político del Comando Sur en los noventa. Tiene razón Wilson García al afirmar que: “este embajador es experto en crear condiciones óptimas para facilitar la invasión militar estadounidense” en toda América Latina “tal como lo hizo durante su gestión como jefe de la CIA y embajador interino en Bolivia entre 1986 y 1989.”

PEMEX en manos de la mafia

Luego de que el abjuro comunista y confeso foxista, Eleazer Sánchez, en su calidad de embajador en Bolivia, aconsejara al gobierno mexicano pactar con la petrocracia texana, para sustraer el gas de los vastísimos yacimientos bolivianos, lo que produjo una revuelta masiva, en la que perdieron la vida más de 100 personas, a manos de militares entrenados por Washington, según el semanario Pulso, tan incómodo para el ex presidente Sánchez de Lozada; ahora mismo la pletórica cuenca de Burgos es vendida en la ridícula cifra de 10 mil millones de dólares al consorcio Repsol-YPF. PEMEX mantiene acciones en esta corporación desde 1979, cuando Adrián Lajous bosquejaba el primer programa de energía mexicano; posteriormente, se desempañaría como director de la paraestatal en el período 1994-2000. Ha sido parte de la directiva de Repsol-YPF en Europa. Actualmente es consejero en McKinsey

Company, presidente del Instituto Oxford para Estudios Energéticos, asesor de Morgan Stanley y director de Executive Schlumberger, según Russian Press Releases.

Este personaje, en otros tiempos ligado a PEMEX, ahora forma parte del consejo consultivo del corporativo Tyumen Oil Company (TNK), propiedad de Alfa Group, dirigida por Mikhail Friedman, connotado miembro de la Mafia Rusa, poseedor de una fortuna que rebasa los 2 mil millones de dólares, y financiero de la campaña presidencial de Yeltsin, en 1996, en base a información proporcionada por la revista española Kalegorria.

En el presente, Friedman confronta procesos criminales en Londres y Nueva York, donde es acusado de evasión fiscal, lavado de dinero y extorsión en Estados Unidos. Conjuntamente, es incriminado por soborno y cobro de comisiones fraudulentas, en su calidad de empresario.

Según la misma publicación, Friedman contribuyó con 2.2 millones de dólares para la campaña de George W. Bush; se vale del EXIM Bank y “otros bancos financiados por la CIA” para favorecer sus negocios secretos en Europa; es sospechoso de traficar con heroína en conjunto con la CIA; detenta pozos petroleros en Siberia, junto con British Petroleum Amoco, que también está interesada en el gas boliviano.

Cuando se suspendieron sus créditos financieros en Estados Unidos por sustraer fondos del EXIM Bank y del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD); el actual vicepresidente Dick Cheney abogo en su favor; a cambio, Friedman le compró a una de sus compañías equipo para explotar el combustible en Siberia.

Curiosamente, el ex presidente de EXIM Bank, junto con el de Shell, forman parte de Alfa Group, la empresa de Friedman, que había sido acusado de conspirar contra ese mismo banco. No es de extrañar en un personaje que mandó a la quiebra a distintos bancos y empresas estatales de la antigua URSS; y que está implicado en el tráfico de armas hacia organizaciones adiestradas por la CIA en Europa Oriental , Asia y África.

Igualmente, el presidente de Repsol-YPF, Alfonso Cortina, mantiene estrechos vínculos con Friedman y Marc Rich, diestro traficante de armas; mayor evasor fiscal en toda la historia; amigo del vicepresidente Cheney; miembro distinguido de la Mafia Rusa; colaborador del servicio secreto israelí; financiero de la campaña de Ariel Sharon; y propietario del buque petrolero Prestige, de ingrata memoria para el pueblo español.

Quienes entregaron la cuenca de Burgos a esta mafia supranacional deberían explicar sus motivos. Aunque todos conocemos tales razones. Estas nada tienen que ver con el sano desarrollo del país, ni mucho menos con el bienestar de las mayorías. Más bien, únicamente sirve a intereses aviesos, íntimamente relacionados con el crimen global, que de ninguna manera buscan la prosperidad de nuestros estados, sino exclusivamente la bonanza propia.

*Investigador del Centro de Estudios Estratégicos y Geopolíticos (GEEG), México.