Los ojos del mundo siguen puestos hoy en el llamado en Ecuador juicio ambiental del siglo, pues comienzan a declarar los testigos de la demanda contra la transnacional estadounidense TEXACO, la empresa enfrenta un proceso por los efectos sobre la naturaleza y el hombre de su acción explotadora de los recursos petroleros en la Amazonia ecuatoriana, cuyos resultados pueden sentar un precedente en el orbe, sobre todo en Estados Unidos.
Casi 30 años de actividades de la ahora nombrada CHEVRON-TEXACO dejaron secuelas que los indígenas y colonos de una amplia área intentan sean reconocidas por la compañía, renuente a admitirlas, y lograr una condena sin parangón.
Los abogados de los demandantes, algunos con una década ya en esos trajines, llevarán al estrado a personas que pueden aportar elementos claves para sustentar la acusación.
Está basada en los daños ocasionados a la salud humana, animal y vegetal, rechazados por la multinacional, la cual pretende justificarse con una supuesta remediación de los lugares utilizados para verter sus residuos altamente contaminantes.
El primer paso de los petroleros fue presentar, sin éxito a la postre, una recusación contra la corte que los juzgaría en la ciudad de Nueva Loja, cabecera de la nororiental provincia de Sucumbíos.
Allí fue a parar el expediente después que una similar estadounidense negó su jurisdicción para ventilar el caso cuando recibió la solicitud.
Los actuales directivos de la firma aseguran que los efectos ocasionados por la TEXACO Petroleum Company en tantos años ya fueron corregidos y rechazan las pruebas de la demanda por considerarlas inconsistentes.
Sin embargo, las evidencias son contundentes y organizaciones como Acción Ecológica calcula en casi 710 mil millones de dólares la deuda del ente norteamericano con Ecuador.
Investigaciones previas realizadas recogen testimonios que apuntan a efectos directos sobre 957 familias de la zona, las cuales no habían demandado antes por carecer de asesoría especializada, falta de recursos, temores y otros motivos.
Mencionan que en los 23 campos petroleros operados por la transnacional fueron hallados 323 pozos contentivos de 627 de las llamadas piscinas para el vertimiento de residuos.
De ellas, sólo 207 estaban taponadas con tierra y al llevarse a cabo excavaciones poco profundas, entre 1,5 y cinco metros, brotó el crudo, causante de la contaminación de los ríos abastecedores de los pobladores.
Uno de ellos relató a la prensa que en 19 años de vivir en ese territorio, él y sus familiares soportan constantes dolores de cabeza, mareos e infecciones cutáneas.
La parte acusadora afirma que esa afectación a las vías fluviales, fuente indispensable de agua para la mayoría de los habitantes, es uno de los peores problemas al ser causante directa de muchos casos de cáncer detectados.
La presentación de pruebas, cuya conclusión está prevista para el miércoles próximo, puede dar al traste con las excusas de la compañía, cuya condena marcaría un hito incluso en las relaciones entre Latinoamérica y Estados Unidos.
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