La estrategia desplegada en el país para contrarrestar el problema de la droga ha sido inadecuada para enfrentar cada una de las facetas del crecimiento del cultivo y tráfico ilegal de drogas. El Estado colombiano tradicionalmente ha enfocado este problema como un comportamiento criminal y por lo tanto ha adoptado una estrategia marcadamente represiva para enfrentarlo. Esta estrategia ha mostrado resultados limitados aunque los costos en vidas humanas, en bienes económicos y en recursos ambientales desbordan los cálculos más conservadores. Infortunadamente la intensificación de este enfoque está presente en la estrategia antinarcóticos incluida en el llamado Plan Colombia (PlanC). A continuación se sintetizan elementos de análisis sobre los potenciales impactos sociales y ambientales de la estrategia antinarcóticos prevista en el Plan.
Estrategia antinarcóticos
Los objetivos estratégicos antinarcóticos del PlanC se centran en combatir el cultivo de coca y amapola mediante acciones ya no sólo de las fuerzas policiales especializadas, sino de la Fuerzas Armadas en su conjunto. Los esfuerzos iniciales se concentrarán en el Sur de Colombia, particularmente en la zona del Putumayo y del Caquetá, donde los cultivos ilícitos se expandieron sustancialmente en los últimos años. En este territorio la presencia del Estado ha sido muy precaria, cuando no inexistente, y la acción de la guerrilla se ha fortalecido, hasta adquirir dominio político y territorial como se ha hecho evidente en las negociaciones de paz con el actual gobierno. Los cultivos ilícitos vinculan no sólo zonas bajo control militar de la guerrilla, sino territorios controlados por fuerzas paramilitares y por empresarios del narcotráfico así como zonas en disputa de las fuerzas armadas irregulares. Aunque inicialmente las acciones del PlanC se orientaran a recuperar el control militar y territorial en el sur del país, se prevé su extensión a otras partes del país.
La concentración de fuerzas y acciones militares dirigidas a erradicar cultivos de coca y amapola y a menoscabar la capacidad de movilización del narcotráfico por vía terrestre, fluvial, y aérea se hace evidente en las partidas asignadas a los diferentes rubros dentro del PlanC. Aunque los montos iniciales han disminuido durante el trámite de aprobación, sigue siendo cierto que el 80% de los recursos previstos en el paquete de ayuda de los Estados Unidos para el PlanC se orienta a fortalecer las acciones militares. La estrategia militar de erradicación responde a la premisa de que el problema de la droga se origina en la oferta y que, por tanto, se puede atacar reduciendo la oferta de hoja de coca en las zonas de cultivo (Vargas 1999). Esta ha sido la sustentación en los esfuerzos de erradicación de cultivos de coca durante los últimos años de la política antinarcóticos. Es bien conocido que a pesar de la intensificación de acciones militares, e incluso a pesar de la aspersión generalizada de químicos sobre las áreas cultivadas desde 1994 y 1996, el total de área sembrada se ha incrementado sustancialmente (Londoño 1999, Perea 1995).
Los grupos de población directamente afectados con la agudización de acciones militares serán los campesinos y colonos que han optado por estos cultivos como actividad económica alternativa, antes que los principales responsables de las operaciones de procesamiento, tráfico y lavado de divisas. En el país más de un millón de colonos, campesinos e indígenas se dedican a actividades relacionadas con cultivos ilícitos ante la dificultad de cultivar y comercializar otros productos agrícolas (Londoño 1999). Sabido es que la población de cultivadores participa de pírricos recursos del total generado en el negocio ilegal de estupefacientes (Guerrero 1996, Presidencia de la República 1996a). Estudios regionales del medio y bajo Caguán han mostrado que la población productora comprende desde el típico campesino-colono, con menos de 5 hectáreas de cultivos hasta el productor extractivista con más de 35 hectáreas de monocultivos cocaleros. Esta estructura requeriría una estrategia diversificada para enfrentar las particularidades de la población vinculada a los cultivos y propiciar su integración en proyectos alternativos ambiental y económicamente sostenibles. Teniendo en cuenta las movilizaciones de más de 200.000 campesinos en 1996 en el sur del país, cuando se empezaron a realizar fumigaciones masivas con glifosato para la erradicación de cultivos (Vargas 1996), es previsible que la estrategia militar concebida en el PlanC agudice el conflicto social y político, y ocasione daños ambientales irreversibles.
Los cultivos de coca y amapola se fortalecieron como actividad agrícola alternativa ante los altos costos de producción de otros cultivos y ante la ruina paulatina del sector agropecuario. Sólo en la última década, la desprotección del sector agrícola nacional, puesto a competir con agriculturas industrializadas y subsidiadas, ha ocasionado la pérdida de más de 700.000 hectáreas de cultivos frente a la importación masiva de productos como soya, algodón, maíz, trigo, cebada y sorgo (Plan Colombia 1999). La adopción del modelo de apertura económica desde la administración Gaviria también ha provocado la quiebra de industrias nacionales, el cierre y reducción de empresas y el aumento del desempleo. La recesión económica de los últimos años ha incrementado el desempleo en más de un 20% en el país arrojando más colombianos a buscar fuentes de ingreso para sostener a sus familias. De esta manera, los cultivos ilícitos y las actividades vinculadas al procesamiento y comercialización de estupefacientes se desenvuelven en un terreno social abonado donde más pobladores rurales encuentran el cultivo de coca y amapola como fuente alternativa de ingreso. Como lo han señalado varios investigadores, la expansión de cultivos ilícitos es la expresión del conflicto agrario no resuelto en el país (Londoño 1999), agudizado cada vez más con el creciente desempleo urbano y rural.
Es previsible que el involucramiento de las Fuerzas Militares en su conjunto y el fortalecimiento de sus dispositivos de guerra en actividades de erradicación de cultivos tendrá consecuencias de largo alcance en la situación de orden público del país. Resulta cuando menos ingenuo creer que las acciones de erradicación de cultivos ilícitos puedan separarse de las acciones contrainsurgentes en muchas partes del país. Debido a que este accionar represivo inicial se desarrollará en áreas geográficas bajo el dominio de fuerzas insurgentes, y a los intereses económicos en los cultivos ilícitos de las fuerzas guerrilleras y paramilitares, es previsible que la estrategia antinarcóticos del PlanC, agenciada por el gobierno de Estados Unidos, contribuya a la agudización de la confrontación político militar.
La estrategia tecnológica y militar prevista en el PlanC deja de lado los factores políticos, económicos, sociales intervinientes en el cultivo, procesamiento y tráfico de estupefacientes. El PlanC, antes que considerar la complejidad de las variables intervinientes y diseñar una salida en las condiciones de Colombia, enfatiza la estrategia tecnológica y armamentista cuya eficacia resulta cuestionada frente a los altos costos de más de 20 años de "guerra a las drogas". Una medida complementaria para desincentivar la dedicación a cultivos ilegales es la propuesta sobre producción alternativa, aunque se pueden identificar limitaciones en varios aspectos.
Producción alternativa sostenible
La propuesta de ayuda dentro del PlanC prevé la dedicación de una décima parte de los recursos para el desarrollo de actividades productivas alternativas a los cultivos ilícitos. Sin embargo, el desarrollo de alternativas de producción agrícola en las áreas afectadas por los cultivos ilícitos enfrenta serios problemas. Por ejemplo, la estrategia de modelos de producción aplicables en las áreas de colonización en la Amazonia y en la Orinoquia caen en un vacío propositivo (León 1999). Condiciones biofísicas indican, por ejemplo, que los suelos de la cuenca amazónica tienen baja fertilidad natural, alta acidez, toxicidad por aluminio y por hierro. En análisis localizados se ha estimado que sólo un 8% de los suelos tienen una fertilidad relativamente alta (Vélez y Vélez 1999). En zonas que han sido objeto de estudios comprensivos y de largo plazo como la región del Medio Caquetá, queda claro que el diseño de sistemas agroforestales alternativos no tendrá éxito si no se reconoce el sistema agroforestal de chagras (Vélez y Vélez 1999).
El diseño de alternativas de producción no debería pasar por alto anteriores programas de sustitución de cultivos como los incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante). Aunque no existan los estudios que permitan identificar sistemas alternativos sostenibles en las regiones cocaleras (León 1999), es indudable que el Estado colombiano cuenta con excepcionales experiencias locales en la búsqueda de alternativas agroindustriales con potencial de exportación como el cultivo de la palma de chontaduro, palmito, caucho y ganadería en ecosistemas afectados por los cultivos ilícitos (República de Colombia 1996b). Es indudable que el PLANTE no ha logrado superar limitaciones crónicas como la precaria institucionalidad estatal, las condiciones de marginalidad e inadecuada infraestructura limitando la articulación de los diversos proyectos locales dentro de un programa regional capaz de contrarrestar los atractivos económicos de los cultivos ilícitos (Palau y Giraldo 1998). Los limitados alcances institucionales motivaron tempranamente el escepticismo de las cultivadores cocaleros en los programas de gobierno (Hurtado 1996). Más significativo para el rediseño de políticas de erradicación es que no se cuente con una evaluación del programa PLANTE, en cuanto a cobertura, beneficiarios y resultados efectivos (GEMSI LTDA).
El escepticismo y desconfianza en los programas gubernamentales para sustitución de cultivos ilegales también están presentes en las comunidades indígenas. Son significativos, por ejemplo, los limitados resultados del Acuerdo de Jambaló de 1992 donde los dirigentes indígenas se comprometieron a erradicar manualmente los cultivos ilícitos y el gobierno a apoyar programas de desarrollo alternativo y a canalizar recursos captados de fuentes internacionales. Aunque los indígenas cumplieron sus compromisos, el gobierno inició tardíamente acciones tendientes a satisfacer sus demandas (Angarita, et. al. 1995).
Las comunidades indígenas han demostrado que la erradicación efectiva de cultivos no requiere acciones militares y tecnológicas sino de compromisos que les permita reconciliarse con su entorno natural y fortalecer su identidad cultural lesionada por la invasión de cultivos ilícitos. A mediados de 1995, al norte del Cauca, municipio de Silvia, el cabildo de Guambia, en una decisión apoyada por el Plante, erradicó manualmente los cultivos de amapola que habían llegado a involucrar el 85% de las familias (El Tiempo Julio 1997, Zornoza 1998). La erradicación manual se plantea nuevamente como opción por campesinos e indígenas del Putumayo ante el gobierno, constituyendo una estrategia de muy bajos costos económicos y cero costos ambientales (El Tiempo Mayo 2000).
Zornoza (1998), al analizar las reivindicaciones de colonos campesinos e indígenas del Guaviare presentadas ante el Incora y el Ministerio del Medio Ambiente entre 1996 y 1997 muestra la disposición de estos pobladores para reincorporarse en proyectos productivos. Pero a la vez pone de presente que las necesidades tienen un espectro más amplio cobijando servicios de educación, salud e infraestructura de comunicaciones. Las reivindicaciones prioritarias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en la región y de los colonos también se relacionan con legalización y titulación de tierras y establecimiento de reservas campesinas. El éxito de proyectos de producción alternativos va a depender por tanto, de que se logren articular dentro de programas de alcance regional y, a la vez, de que se realice una inversión sustancial que elimine la condición de marginalidad y pobreza de las regiones cobijadas.
Otro factor que amenaza la viabilidad de alternativas de producción sostenible puede provenir de la misma estrategia de militarización. Como se ha visto en el pasado, la intensificación de acciones militares para disminuir la oferta de coca y amapola ha tenido como efecto el aumento del precio en el mercado. Un mayor valor de esta materia prima puede contravenir seriamente la viabilidad de productos alternativos que, desde el punto de vista económico, resultarán menos atractivos para los agricultores. Adicionalmente, los narcotraficantes, como ya lo hicieron ante las políticas de erradicación en Perú y Bolivia, buscarán otras regiones para involucrar en los cultivos ilícitos a sectores campesinos marginados. Dados los indicadores de pobreza y de crisis del sector agropecuario en la región, los narcotraficantes no tendrán dificultades para encontrar zonas abonadas socialmente para los cultivos ilegales.
A la vez que se consideran proyectos de producción económicamente sostenible en las áreas de cultivo, el PlanC prevé recursos para atender la población desplazada por la agudización del conflicto político militar. Así se verá incrementada la ya amplia franja de población desplazada por razón del conflicto militar del país que supera el millón de personas. Los efectos devastadores sobre la vida, la salud y las redes sociales de convivencia e identidad de miles de colombianos agudizarán la situación de anomia social y violación de derechos humanos en el país. El desplazamiento de población puede también tener impactos ambientales negativos sobre los ecosistemas donde se han localizado los cultivos ilícitos en las últimas dos décadas.
Impacto sobre la integridad ambiental
Es previsible que los cultivos ilícitos tenderán a desplazarse en zonas circundantes de las áreas de cultivo actual. Como lo evidencia un análisis demográfico en regiones de monocultivo cocalero en el Caquetá, los pobladores han respondido con una estrategia flotante ante la intensificación de acciones represivas y de erradicación (Vargas 1999). Como resultado, se ampliará la destrucción del manto vegetal, la alteración de los procesos biofísicos y la pérdida de áreas de biodiversidad en la Amazonia, regiones interandinas y otros ecosistemas de importancia para el país y la humanidad.
El impacto sobre el ambiente proveniente de la expansión de cultivos ilícitos se manifiesta claramente en la destrucción de la flora, el agotamiento de suelos, contaminación de cuerpos de agua y en suma, la alteración de la integridad ecosistémica. Se ha estimado que la destrucción de bosques es de 2.5 hectáreas por cada hectárea de amapola, y de 4 hectáreas por cada hectárea de coca (GEMSI LTDA, Nyholm 1998). El área afectada puede variar en diversas regiones siendo de 2 hectáreas destruidas por cada hectárea de coca como lo indica información correspondiente al bajo Caguán (Vargas 1999). El impacto ambiental de los cultivos ilícitos se multiplica por el uso de insecticidas, fungicidas y fertilizantes para maximizar la producción y aprovechamiento de hojas de coca. Se ha calculado que por cada hectárea de coca se vierten al ambiente más de dos toneladas métricas de sustancias químicas que incluyen "cemento, cal, gasolina, ácido sulfúrico, soda cáustica, plaguicidas, herbicidas y fertilizantes." (Londoño 1999).
El uso intensivo de agroquímicos en los cultivos de coca contamina directamente suelos y fuentes de agua. Tomando como base cifras oficiales sobre el total de hectáreas con monocultivos de coca en el país para 1998, Vargas (1999) estima que las regiones con plantaciones de coca recibieron cerca de 873 toneladas de paraquat. Los agroquímicos utilizados en selvas húmedas tropicales producen una esterilización parcial del suelo limitando la productividad de biomasa, eliminando bacterias nitrificadoras e interrumpiendo relaciones mutualistas con hongos de las que dependen varias especies vegetales para la absorción de minerales y agua (Vargas 1999). El procesamiento de la hoja de coca agrega un efecto ambiental nefasto sobre los cuerpos de agua receptores de sustancias químicas y materiales residuales. A los efectos negativos sobre componentes ambientales críticos en ecosistemas frágiles se agrega el impacto derivado del uso masivo de químicos para la destrucción de los cultivos.
El envenenamiento del ambiente con sustancias químicas se agudiza por la aspersión de químicos para la erradicación de los cultivos ilícitos. En Colombia el principal medio de erradicación ha sido la fumigación con herbicidas. Aunque las cifras no pueden ser exactas, se calcula la utilización de 2'500.000 litros de glifosato en los últimos 20 años, afectando cerca de 260.000 hectáreas, (Londoño 1999). Vargas (1999) a partir de datos provenientes de autoridades antinarcóticos muestra que sólo entre 1994 y 1998 se fumigaron más de 140.000 hectáreas en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés y Antioquia. Ecosistemas frágiles como la Sierra Nevada de Santa Marta, Amazonia, Orinoquia y bosques altoandinos han sido perturbados por la expansión de cultivos ilícitos y las acciones de fumigación. Estos ecosistemas han sido reconocidos mundialmente por su alta diversidad en fauna y flora, así como por el valor potencial de variedades vegetales. Los impactos derivados de los cultivos ilícitos y de las estrategias de erradicación también tienen efectos nocivos sobre los grupos étnicos presentes en los ecosistemas afectados.
Impacto sobre la integridad cultural
Las pautas culturales tradicionales de las comunidades indígenas han sido erosionadas en gran parte por la economía mercantil y de explotación depredadora de los recursos naturales. A esto se suma la presión de la actividad económica ilegal que irrumpe violentamente en las relaciones de subsistencia que permitieron durante siglos a dichas comunidades cultivar y mantener relaciones más equilibradas con su entorno. Algunas de las comunidades afectadas han sido los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Guambianos en el Cauca, los Huitoto y Coguaje, Ocaína, Nonuya y Andoque en Putumayo y Caquetá, los Tikuna, Tukano oriental, Yagua, Bora, Carijona, los Puinave y Curripaco en el Amazonas, Vaupés y Guainía. La expansión de cultivos ilícitos ha arrebatado, a estas comunidades indígenas y al país, territorios de gran diversidad de fauna y flora.
Las acciones de reducción y erradicación han acentuado este problema pues la aspersión masiva de herbicidas afecta no sólo los monocultivos ilícitos, sino la diversidad de especies cultivadas por las comunidades locales. Se ha documentado adicionalmente que las fumigaciones en el medio y bajo Caguán en 1996 y 1998 afectaron cultivos de caucho, cacao, plátano y yuca. Paradójicamente, los cultivos de caucho formaban parte de programas de cultivos alternativos promovidos por el Instituto de Reforma Agrario (INCORA) y los cultivos de cacao formaban parte de alternativas de producción patrocinado por la Secretaría de Agricultura del departamento del Caquetá y de la Asociación de Cacaoteros (Vargas 1999).
Análisis técnicos han evidenciado el impacto negativo de la fumigación con glifosato sobre asociaciones vegetales características de ecosistemas tropicales. Los cananguchales, o asociaciones vegetales donde predomina la palma canagucha (Mauritia flexuosa) caracterizan uno de los componentes de la diversidad biológica en diversas zonas de la Amazonia. Esta palma es fuente de alimento para diversas especies animales del Amazonas, contribuye a la conservación de humedad en épocas secas, provee alimento a varias especies de peces en tiempo de inundaciones, y varias comunidades indígenas la distinguen como el árbol de la vida pues ella les provee de materiales para alimentación, vivienda y vestido (Vargas 1999, Correa 1993).
Control biológico
La estrategia contra el narcotráfico prevista en el PlanC coincide con el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP) sobre la necesidad de experimentación y desarrollo de agentes de control biológico contra los cultivos ilegales. Dentro de una lógica de "guerra a las drogas" se ha venido proponiendo el uso masivo del hongo Fusarium oxisporum para atacar cultivos de coca Erythroxylum coca. Tomando en cuenta las regiones identificadas en el PlanC para intensificar la estrategia antinarcóticos es previsible que zonas de alta biodiversidad al Sur de Colombia se conviertan en terreno de experimentación para aplicar F. oxysporum contra los cultivos de coca. Sectores de la comunidad académica nacional han expresado el temor por el potencial impacto sobre la salud humana, la biodiversidad y la integridad ecosistémica proveniente de dicho uso (Departamento de Biología-UN 2000).
Los temores parecen estar bien fundados; recientemente el Estado de Florida suspendió indefinidamente la posibilidad de usar localmente F. oxysporum en su estrategia antidrogas. Esta suspensión indefinida se motivó precisamente en los riesgos potenciales del uso de este hongo, derivados de su capacidad de mutar y de la posibilidad de atacar otros cultivos, tal como lo han hecho notar organizaciones ambientalistas (Sunshine Project 2000). Se ha señalado que detrás de la propuesta hay sustanciales intereses económicos. La guerra a las drogas, basada en una estrategia tecnológica militar sin duda ha beneficiado el mercado internacional de herbicidas, aviación antidrogas y armamento (Nivia 1998). Representantes de la compañía biotecnológica Ag/Bio Con (Agricultural Biological Control) han desarrollado intensas acciones de cabildeo ante el congreso de los Estados Unidos y ante el gobierno colombiano para promover el uso masivo del hongo en el territorio colombiano (Stevenson and Biqwood 2000). Con la información disponible no se puede precisar si se trata de variedades transgénicas de Fusarium.
El Fusarium oxysporum no es una novedad en Colombia. Agrónomos y biólogos han buscado controlar una variedad de Fusarium que ataca los cultivos de clavel. Ante la alteración de las características biofísicas del suelo por la invasión de este hongo empresas floricultoras en la Sabana de Bogotá han tenido que trasladar la producción a suelos no infectados (Valencia 2000).
Si bien existen argumentos sobre la especificidad de F. oxysporum f.sp. erythroxcyli en la planta de coca receptora, ellos provienen de investigaciones realizadas en condiciones de experimentación muy diferentes a aquellas en las que se aplicaría masivamente dicho patógeno (Valencia 2000). La sola variación de las condiciones ambientales del hongo es un factor propicio para aumentar su virulencia. Pero el aspecto más crítico es que no existen en el país investigaciones que permitan establecer con certeza el comportamiento del F. oxysporum y sus efectos sobre los ecosistemas tropicales del país (Hernández 2000). Valencia (2000) cita investigaciones en condiciones de invernadero realizadas en el país que cuestionan la especificidad de F. oxysporum (Grose y Cotes 1988). La especificidad natural del hongo también es cuestionada por la existencia de plantas hospedantes comunes para algunas variedades del hongo como el Fusarium oxysporum f. sp. spinaceae y f. sp. betae que afectan espinaca y remolacha (Valencia 2000).
Si los monocultivos cocaleros y la aspersión de químicos para su erradicación han alterado el equilibrio ecológico y la integridad ambiental de los componentes de fauna y flora, el uso masivo de fitopatógenos alterará radicalmente la estructura de comunidades de microorganismos. La introducción masiva de microorganismos afectará la diversidad biofísica del suelo amazónico y las relaciones ecológicas que soporta. Debido a que el F. oxysporum tiene un sistema de reproducción muy versátil, es posible que permanezca latente en el suelo aún después de 40 años. Esta característica hace que una vez introducido sea imposible erradicarlo representando una grave amenaza contra la integridad de ecosistemas frágiles (Valencia 2000).
De llevarse a cabo el uso de Fusarium oxysporum bajo estas condiciones de incertidumbre en cuanto a sus potenciales efectos, se desconocería el principio del consentimiento informado previo del país receptor, pues no existe la evidencia científica que garantice la inexistencia de riesgos para otras especies vegetales, demás organismos y seres humanos. El uso de un microorganismo para fines bélicos también contradice la Convención sobre Armas Biológicas, así como el Derecho de la Comunidad Andina expresado en la Decisión 391 de 1996, que en su artículo 24 prohíbe el empleo de los recursos genéticos en armas biológicas o en prácticas nocivas al ambiente o a la salud humana. El uso masivo de este hongo dentro de la estrategia antinarcóticos desconocería la Constitución Política de 1991 en varios de sus preceptos.
Protección constitucional del ambiente
Para un observador foráneo puede parecer que nuestra Constitución Política y el PlanC se refieren a dos países diferentes. La Constitución Política de Colombia de 1991 es una carta garantista del derecho al ambiente sano y un marco de referencia obligada en las consideraciones sobre el componente ambiental del PlanC. Cuando se contraponen las implicaciones ambientales del PlanC contra los preceptos constitucionales sobresalen contradicciones notables, algunas de las cuales son las siguientes:
En primer lugar, el artículo 7 de la Constitución reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de la nación colombiana, colocando en los cimientos de nuestra organización política la coexistencia de diversas culturas que deben ser protegidas por el Estado. La estrategia global de erradicación masiva de los cultivos de coca en el PlanC no toma en cuenta que dentro del género Erythrocylum existen especies que tienen usos religiosos y significados culturales centrales para poblaciones indígenas localizadas en las áreas transformadas con monocultivos cocaleros. El uso de hojas de la planta de coca tiene un carácter ritual y sagrado en comunidades étnicas que conforman la diversidad étnica del país. La protección de la diversidad étnica y la integridad cultural de la nación requiere que dichas prácticas no sólo no sean agredidas por los órganos del poder público, sino que sean protegidas por éstos. Comunidades indígenas como los Paeces, los Guambianos, los Murui Muinane, y las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta tienen derecho a que se tomen previsiones no sólo para respetar, sino para proteger el uso de las hojas dentro de sus prácticas ancestrales.
En segundo lugar, el artículo 8 de la Constitución establece la obligación tanto para el Estado como para los particulares de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Cuando se analizan los efectos nefastos de la expansión de cultivos ilícitos y de las estrategias basadas, hasta ahora, en medios químicos para su erradicación resulta claro que la protección de las riquezas culturales y naturales de la nación han quedado subordinadas a la voracidad del ánimo de lucro y al despliegue de acciones militares que satisfagan la presión internacional.
En tercer lugar, el mandato del artículo 79 de la carta constitucional consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Este precepto constitucional tiene entre sus componentes: a) La participación comunitaria. b) La protección de la diversidad e integridad del ambiente. c) La conservación de áreas de importancia ecológica. La elaboración del PlanC, como se sabe, no ha tenido participación alguna de las poblaciones afectadas, la información sobre el PlanC sigue siendo limitadamente distribuida, y la identificación y evaluación de medidas de erradicación no ha convocado actividades de investigación por parte de la comunidad científica del país. La intensificación de la estrategia antinarcóticos prevista en el PlanC, desestima los efectos sobre la diversidad e integridad del ambiente y la protección y conservación de áreas de importancia ecológica y de diversidad cultural en el país. Las transgresiones al derecho a un ambiente sano atentan directamente contra los derechos fundamentales a la vida y la salud, pues las condiciones ambientales son prerrequisito para la materialización de aquellos derechos.
En cuarto lugar, el artículo 80 de la Constitución establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible. Particularmente este artículo impone la obligación de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, de imponer las sanciones legales y de exigir la reparación de los daños causados. Es notorio en el PlanC que el carácter de sostenible entra a ser evaluado en relación con la sostenibilidad económica de los proyectos alternativos, pero en ningún caso en relación con criterios de sostenibilidad ambiental.
En quinto lugar, además de los preceptos constitucionales, las autoridades ambientales tienen obligaciones internacionales derivados de instrumentos ratificados por el Congreso de la República. Entre ellos, el Convenio sobre Diversidad Biológica ratificado mediante ley 165 de 1994, establece que cada parte contratante elaborará planes sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad y establecerá procedimientos apropiados para exigir la evaluación del impacto ambiental con el fin de reducir o evitar los impactos negativos sobre la diversidad biológica. Igualmente establece que cada parte contratante adoptará las medidas tendientes a evitar efectos adversos sobre la utilización y conservación de la biodiversidad y la salud humana (Ley 165 de 1994, art. 10).
Política ambiental y política antidrogas
Aunque los planes gubernamentales de desarrollo hacen eco de los preceptos constitucionales en materia ambiental, en la práctica los principios ambientales parecen quedar subordinados a la política antinarcóticos. Sería deseable que esta apreciación fuera equivocada, pero el examen de una medida reciente del Ministerio del Medio Ambiente en materia de fumigaciones de cultivos ilustra la anterior afirmación. El caso tiene que ver con el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de las corporaciones regionales. La resolución 0203 de marzo del 2000, dictada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), suspendió temporalmente las fumigaciones en los departamentos del Caquetá y Putumayo adelantadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Esta resolución está motivada en la evaluación por parte de autoridades y organizaciones locales sobre el impacto de las actividades de fumigación en cultivos de pancoger, en la salud humana, en cuerpos de agua y en bosques. La suspensión de fumigaciones en estas condiciones resultaba una medida razonable con los principios del Sistema Nacional Ambiental, particularmente ante la falta de respuesta del Consejo Nacional de Estupefacientes sobre informes de seguimiento y evaluación de actividades de fumigación conforme a la Auditoria Ambiental prevista en la Resolución No. 01 de febrero de 1994 del mismo Consejo.
Ante los riesgos ambientales de fumigación masiva con glifosato argumentados por organizaciones, autoridades y población local, y ante la ausencia de información que evidenciara la inexistencia de daños ambientales, Corpoamazonia procedió preventivamente dictando una medida de precaución. Inmediatamente, el Ministerio del Medio Ambiente decidió dejar sin efectos la medida preventiva, pero desafortunadamente no porque la Auditoria Ambiental permitiera asegurar que las motivaciones de Corpoamazonia eran infundadas y que por lo tanto no se estaban produciendo los daños ambientales que ameritaran la medida de precaución. La Resolución No. 0295 de marzo del 2000 del Ministerio que deja sin efecto la medida preventiva, se limita a mencionar que se ha venido trabajando sobre la evaluación del Plan de Manejo Ambiental presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes tendiente a determinar medidas de prevención, control, mitigación y compensación de impactos ambientales. En otras palabras, contrario al principio de precaución reconocido en el derecho ambiental internacional, establecido dentro del Protocolo de Bioseguridad a ser adoptado dentro del Convenio de Diversidad Biológica, y presente en el marco jurídico interno (Nemogá 2000), el organismo rector de la política ambiental colombiana permite las fumigaciones con potencial efecto sobre la biodiversidad y la salud humana, haciendo caso omiso de los efectos nocivos denunciados por las organizaciones, comunidades y autoridades ambientales regionales. Es indiscutible que la ejecución de la política antinarcóticos afecta sustancialmente la vigencia de los principios constitucionales garantes del ambiente y de los compromisos internacionales en materia ambiental.
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