El lunes 21 de marzo [de 2004] el presidente colombiano, Álvaro Uribe, visitará Washington por tres días. Al igual que sus anteriores visitas, Uribe estará acá con el propósito de despejar las dudas acerca de su controversial imagen, así como discutir un acuerdo bilateral de comercio. Según su ministra de Relaciones Exteriores, el presidente Uribe también viene con la idea de venderle a la administración Bush y al Congreso de los Estados Unidos la idea de apoyar un "Plan Colombia 2," un nuevo paquete de ayuda contrainsurgente para las Fuerzas Armadas colombianas.
Uribe solicitará a Estados Unidos que mantenga o incremente los niveles de ayuda militar hasta el 2009. Esta vez, sin embargo, el énfasis no será en la guerra antinarcóticos, sino la lucha contra los grupos insurgentes.
La solicitud del presidente Uribe no merece una luz verde inmediata. Como cualquier inversionista o donante, los Estados Unidos debe evaluar su desempeño antes de aprobar una nueva petición. En los últimos años el desempeño no ha sido bueno, si tenemos como barómetro la cantidad de droga disponible en los Estados Unidos, la situación de derechos humanos en Colombia o la probabilidad de que el conflicto colombiano llegue a una solución pacífica.
Desde el 2000, cuando la administración Clinton logró la aprobación del Plan Colombia, los Estados Unidos ha entregado a Colombia 3.15 mil millones de dólares (por lo menos el 80% de esta ayuda, aproximadamente, $2.52 mil millones de dólares, para las fuerzas militares y policivas colombianas). (1) Son pocos los resultados positivos para ambos gobiernos después de tantos gastos.
Parar el flujo de drogas
Desde el 2000, contratistas estadounidenses han fumigado aproximadamente un millón de hectáreas en territorio colombiano, con el fin de acabar con la coca y la amapola. (Sin embargo, las fumigaciones no han afectado a los grandes narcotraficantes: las Naciones Unidas ha dicho que el 62% de las plantaciones de coca son "de tamaño familiar", es decir, menos de tres hectáreas. (2) ) Así mismo, los esfuerzos para proveerle alternativas económicas a los campesinos marginados han recibido poco financiamiento y hay atrasos en los programas existentes.
El resultado, según la Oficina del Zar Anti-Drogas de la Casa Blanca, es que, desde enero del 2004, el precio de la cocaína y heroína en las calles de los Estados unidos se mantuvo igual que antes de ser implementado el Plan Colombia. (3) La disponibilidad de la droga, y su calidad y pureza, se han mantenido iguales desde antes del 2000. La oferta está satisfaciendo la demanda como nunca antes. Hasta el momento, entonces, la estrategia de "reducción de oferta" ha sido un fracaso.
Derechos humanos
Según el gobierno del presidente Uribe, en los últimos meses las estadísticas han mostrado un descenso en varios de los indicadores de violencia, desde el número de masacres, secuestros y desplazamiento forzosas. Este descenso se debe en su mayoría a un cese al fuego parcial declarado por los grupos paramilitares.
El gobierno colombiano no ha mostrado ninguna mejoría en sus respuestas cuando se trata de los oficiales que violan los derechos humanos (muchas veces en colaboración con los grupos paramilitares). "La impunidad se mantiene al centro de los problemas de derechos humanos," dice el informe de derechos humanos para el 2004 del Departamento de Estado. "Aunque existieron procesos y condenas, las autoridades pocas veces procesaron en tribunales a altos oficiales de las fuerzas de seguridad denunciados de cometer violaciones a los derechos humanos." (4)
La situación de derechos humanos es aún más preocupante bajo la política de "seguridad democrática". En sus dos últimos años de gobierno, el presidente Uribe ha organizado una red de casi dos millones de informantes pagados, ha puesto en marcha el programa de soldados campesinos en áreas remotas, y ha impulsado en el Congreso una serie de reformas constitucionales que le permitirían al ejército colombiano llevar a cabo detenciones sin orden previa, al igual que allanamientos, grabación de conversaciones privadas e interrogaciones a civiles.
El espacio para la oposición pacífica se ha reducido dramáticamente bajo la administración del presidente Uribe. Las fuerzas de seguridad están llevando a cabo detenciones masivas de defensores de derechos humanos, líderes sindicales y demás activistas en las zonas donde el conflicto es más agudo, bajo la noción de que son simpatizantes de la guerrilla (la mayoría obtienen su libertad por falta de evidencia). En tres ocasiones, Uribe ha intimidado a la comunidad de derechos humanos, llamándolos "defensores" y "voceros" del terrorismo.
Paz
Los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia le vendieron al pueblo norteamericano la idea de que el Plan Colombia sería una contribución que llevaría a la solución pacífica del conflicto colombiano. Poco después de comenzar la implementación del Plan Colombia, se derrumbaron las negociaciones FARC y ELN y hasta el momento el incremento de ayuda militar no ha logrado que los insurgentes se sienten en la mesa de negociación.
El presidente Uribe ha decidido negociar con los grupos paramilitares, dejando muy en claro que su gobierno no negociaría con ningún grupo armado a menos que dicho grupo declare un cese al fuego. Gran parte de los grupos paramilitares se mostraron de acuerdo con dicha condición en diciembre del 2002. Sin embargo, desde el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Cesar Gaviria, hasta el propio vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, reconocen que el cese al fuego no ha sido respetado. Es más, los grupos paramilitares han asesinado a casi mil personas en él último año.
Tanto el gobierno colombiano como la OEA han puesto como condición para dicha verificación que los grupos paramilitares se congreguen en unas zonas de concentración. Hasta el momento los grupos paramilitares se han negado a aceptar esta propuesta y las negociaciones se encuentran en su punto más crítico.
El papel de los Estados Unidos
Desde mediados del 2002, con el cambio de la ley que eliminó las restricciones al uso de la ayuda antinarcóticos, el personal militar estadounidense se encuentra ayudándole a sus contrapartes colombianas de maneras que nunca fueron contempladas cuando comenzó la implementación del Plan Colombia en el 2000. Como en El Salvador durante la administración del presidente Reagan, las tropas estadounidenses ahora proveen a los militares colombianos con inteligencia militar, entrenamiento de unidades con el fin de capturar líderes guerrilleros, y ayudan a defender el oleoducto.
El personal estadounidense presente en Colombia se encuentra bajo altos niveles de riesgo. Aunque el personal militar estadounidense no ha sufrido ninguna fatalidad hasta el momento, once civiles trabajando como contratistas para el Departamento de Estado y Departamento de Defensa norteamericano han muerto desde 1998. Además, desde febrero del 2003 tres personas se encuentran secuestradas por las FARC.
Sin embargo, en las próximas semanas la administración del presidente Bush le solicitará al Congreso un incremento al límite legal de tropas y contratistas estadounidenses. Desde la aprobación del Plan Colombia, el Congreso no ha permitido la presencia de más de 400 militares y 400 contratistas. En marzo del 2003, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos Marc Grossman le dijo al Congreso: "No hay nadie que esté promoviendo que se rompan los limites." (5)
Sin embargo, un año después, el Congreso entrará a discutir una propuesta que doblaría el número de tropas de los Estados Unidos a ochocientos y incrementaría el número de contratistas a seiscientos.
Un incremento en este tope enviaría una señal muy fuerte: de que los Estados Unidos está involucrando a sus ya dispersas fuerzas militares, sin mayor debate, en otro conflicto internacional complejo.
Durante su visita el presidente Uribe debe ser muy claro en cuanto al papel que dichas tropas jugaran en el conflicto colombiano, así como a qué riesgos se verán enfrentados.
En la medida en que los Estados Unidos se vea más involucrado, la contribución de los colombianos es aún cuestionable. La sociedad colombiana es una de las más desiguales en el mundo, con índices de recolección de impuestos mucho más bajos que los de los Estados Unidos (13.3% del PIB en comparación al 29% en los Estados Unidos). Esto deja pocos recursos con que combatir una guerra, mucho menos para construir colegios, hospitales y un sistema jurídico que funcione. La ley, así mismo, excluye a todos aquellos con un diploma de bachiller de servir en unidades de combate.
Bajo el presidente Uribe el presupuesto de defensa colombiano -excluyendo a la Policía- para el 2003 fue aproximadamente 3.2% del PIB. A comparación, el presupuesto de defensa de los Estados Unidos (excluyendo al recientemente creado Departamento de Homeland Security) es más del 4%. El presidente Uribe ha tomado medidas con el fin de incrementar le recolección de impuestos, como lo fue el impuesto de guerra que incrementó el presupuesto militar. Sin embargo, no existen planes para que dicha medida se repita.
Notas:
1. Fuente: Center for International Policy, "Ayuda estadounidense a Colombia desde 1997: Tablas sumarias": www.ciponline.org/colombia/aidtable.htm
2. Gobierno de Colombia, Dirección Nacional de Estupefacientes, Proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, Estadísticas de cultivos de coca consolidadas por municipio (Bogotá, DNE, visitado en octubre de 2003): www.cultivosilicitoscolombia.gov.co/
documentos/mapa_colombia_02.pdf
3. United States, Office of National Drug Control Policy, "Pulse Check: Trends in Drug Abuse, January 2004," (Washington, ONDCP): www.whitehousedrugpolicy.gov/
publications/drugfact/pulsechk/january04/index.html
4. United States, Department of State, "Country Reports on Human Rights Practices - 2003" (Washington: State Department, February 25, 2004): www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27891.htm
5. Conferencia de prensa con el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman (Bogotá, 5 de marzo de 2003): www.scoop.co.nz/mason/stories/WO0303/S00095.htm
(Tomado de Vía Alterna, abril de 2004)
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