Ideado supuestamente para enfrentar el creciente narcotráfico desde territorio colombiano hacia el mayor mercado mundial de la droga en Estados Unidos, el plan degeneró en un instrumento para aplastar el movimiento guerrillero colombiano y arreciar la represión de civiles inocentes.
Analistas consideran que además se convirtió en un eslabón importante de los planes de Washington para lograr la recolonización de América Latina, utilizando Colombia como punta de lanza para controlar las riquezas petroleras de Venezuela y Ecuador, y penetrar en el amplio mundo de riquezas de la región amazónica.
Transcurrida la etapa inicial de su aplicación en el país, hoy hay cerca de 415 mil personas desplazadas por el conflicto armado en comparación con los cerca de 320 mil que existían en el año 2000.
El año pasado, el Congreso norteamericano aprobó la ampliación de la ayuda para ser empleada contra la guerrilla. Dos mil millones de dólares gastados sin resultados concretos a no ser el aumento del involucramiento creciente del Pentágono en el conflicto armado, indican observadores.
La representante demócrata, Janice D.Schakowsky, de Illinois, considera que el gobierno del presidente George W. Bush ha tornado peor un plan que ya era malo.
Opinó que el Plan Colombia ha fracasado porque el cultivo de coca ha aumentado y su consumo en Estados Unidos no ha disminuido.
Por su parte, el Representante James McGovern, de Massachusetts cree que ese programa no es una creación de los colombianos y si un engendro de estrategas militares estadounidenses.
Al abordar la reciente certificación del cumplimiento de los derechos humanos en Colombia, realizada por el Departamento de Estado para apoyar el desembolso de 31 millones 600 mil dólares en ayuda militar, McGovern subrayó que tal acción socava la credibilidad de Washington como defensor de los derechos humanos.
La Casa Blanca no debe otorgar ninguna ayuda a los colombianos hasta clarificar que no existe ningún lazo entre los militares y los paramilitares de extrema derecha, sostuvo el congresista.
Fuentes colombianas han denunciado reiteradamente que los paramilitares son parte integrante de los órganos represivos y por tanto dependen desde su surgimiento del gobierno de Bogotá.
En la actualidad, la administración colombiana es el tercer receptora mundial de ayuda estadounidense con dos mil millones de dólares, sobre todo militar y policial, detrás de Israel y Egipto.
En opinión de varias organizaciones no gubernamentales, el plan Colombia representa más miedo, más violencia y una creciente espiral del desgobierno en el interior del país sudamericano, lo que da una medida de su fracaso.
Otro aspecto destacado por las organizaciones no gubernamentales y los políticos estadounidenses se refiere a la repercusión negativa del proyecto en el entorno.
Grandes extensiones de tierras han sido arruinadas y se ha afectado la salud de personas y de especies en riesgo de extinción, agregan.
Sanho Tree, director del Proyecto de Política sobre Drogas del Instituto para Estudios de Políticas de Washington, asegura que ese plan promueve el uso de mercenarios contratados por Estados Unidos, ejércitos privados que operan por encima de la ley y por debajo de los radares, sin responsabilidad por sus acciones.
El uso de contratistas privados, pagados por el Pentágono, es otra de las formas en que se ha manifestado dicho respaldo y que a juicio de analistas, estos más que luchar contra las drogas realizan tareas que van desde fumigación hasta inteligencia, siempre dentro de la estrategia de Washington para apropiarse de los recursos de la región.
Al ser delineado el Plan Colombia por la administración Clinton en 2000, el mismo sólo estaría integrado por un elemento militar y también por planes de desarrollo alternativo, de asistencia social, fortalecimiento de las instituciones democráticas, del Poder Judicial, del Estado de Derecho y, por supuesto, un mayor respeto de los derechos humanos.
Sin embargo, su marcado acento militar ha llevado a que hoy se le considere una acción fracasada y que algunos nada más lo vean como un proyecto injerencista y dirigido contra la soberanía de Colombia y de la región.
(Tomado de Prensa Latina, 22 de julio de 2003)
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