La instrumentación de los tres planes intervensionistas de nuevo cuño por parte de los EE.UU. en el territorio latinoamericano tiene intereses preclaros de carácter económico-financiero, de innovación de recursos de control social que legitimen los nuevos negocios, las privatizaciones de los patrimonios públicos, la desigualdad y exclusión social, conllevando todo esto a estructurar un nuevo campo de poder en la región donde se anclan los planes Dignidad, Colombia y Puebla Panamá.
Justamente cuando se está agotando el modelo de dominación tradicional que tenía como protagonista al empresario criollo, patrimonialista, protegido por el Estado y protegido por las fuerzas oficiales del orden y, al momento que se desanudan las formas de control social (partidos políticos, sindicatos, asociaciones corporativizadas por el Estado, cuerpos policiales, etc.) aparecen los Planes con la intención de recuperar el orden con acciones novedosas que coadyuven a la política neoliberal privatizadora que apunta hacia el control de los recursos del agua, el ecosistema y la energía.
La parte operativa de los tres Planes no ha sido tarea fácil, ha encontrado resistencia en los pueblos indígenas y la población campesina, especialmente en la zona del Chapare, Bolivia, y en el sur de Colombia; no obstante la violencia ha existido como el recurso más eficaz para resolver las diferencias y los conflictos de intereses, muchas veces al margen del ámbito estatal pero más cercano a la esfera paramilitar, a causa de que al encontrase en una reestructuración las distintas fracciones y grupos de la vieja clase dominante, los controles político-sociales se han desajustado y no funcionan con eficacia, por lo que han echado mano a los a la conformación, contratación y operatividad de los grupos paramilitares para resolver toda contingencia que ponga en riesgo los intereses de las empresas y los nuevos propietarios.
De esta manera funcionan el Plan Colombia y el Plan Dignidad, pero ya se asoman los mismos recursos paramilitares y de violencia en el corredor del Plan Puebla Panamá, lo cual nos indica que nos acercamos a una problemática compleja donde la violencia provocada por grupos armados que actúan al margen del estado va ir incrementándose en la medida que vayan aplicándose los recursos de la privatización de las empresas que manejan el agua, la energía y en las poblaciones donde se sitúan los bancos biológicos.
La identidad de los tres planes:
El Plan Dignidad, El Plan Colombia y El Plan Puebla Panamá. Los tres planes tienen una identidad, fueron elaborados por iniciativa de los EE.UU., con el soporte de organismos internacionales supeditados a intereses geopolíticos y militares y asesorado por agentes norteamericanos. Ninguno de los tres planes ha pasado por una etapa de discusión previa en las instancias legislativas, sino que llegó por iniciativa del ejecutivo y se impuso. El Plan Colombia remplazó el inicial Plan de Paz que propuso Andrés Pastrana Arango y sin mediar discusión alguna. El Plan Colombia por naturaleza es atentatorio contra la vida, la política, la sociedad y las leyes de Colombia, dado que su nacimiento fue un acto anticonstitucional en la medida que remplazó, sin que el congreso interviniera, el Plan de Desarrollo que previamente se había aprobado. Lo más insólito fue que el documento del Plan Colombia no se presentó en español, sino en inglés, bajo el asesoramiento del Departamento de Estado de los EE.UU. y con un argumento que no concuerda con la realidad, puesto que el mayor énfasis está dirigido a combatir una guerra con criterios belicistas; construye unas hipótesis que no concuerdan con la realidad pero sí con la estrategia intervensionista norteamericana, en tanto que induce a que Colombia acepte la existencia de una guerra ligada al narcotráfico, lo cual vulnera la región, de ahí que sea indispensable la combinación de instrumentales de guerra, logística e inteligencia, asesoradas con personal experto norteamericano. Producto de lo anterior, la inteligencia estratégica del ejército colombiano ha sido remplazada por un grupo elite de asesores norteamericanos que se han posesionado de las bases militares y desde ahí orientan la guerra contra las fuerzas insurgentes. Sustentado en una base tecnológica de radares, aviones y telefonía para detectar y dar seguimiento a las incursiones bélicas de los grupos guerrilleros. La visión geopolítica del Plan Colombia se observa a través de las adecuaciones tecnológicas que se han hecho en varios sitios del país con el objeto de modernizar la capacidad de acción del ejercito colombiano y profesionalizar cuadros en varios puntos del territorio nacional.
Radares y brigadas de acción rápida en Colombia
- Radar de asiento en la Isla de San Andrés · Radar de asiento en Riohacha
- Radar y base terrestre en Marandúa, Vichada · Brigada 24 del Ejército en el Putumayo
- Brigada Oriental del Ejercito en Pto. Carreño y el Dpto. de Vichada
- Radar y base terrestre en San José del Guaviare y Escuela de entrenamiento de Barrancón
- Brigada del Ejercito en Caquetá
- Base Militar Tres Esquinas, Putumayo
- Brigada de patrullaje fluvial en Puerto Leguízamo, Putumayo
- Radar con base terrestre en Leticia, Amazonas
- Base militar de Tolemaida, en Tolima con 18 helicópteros HV-1N
Es digno destacar que algunas de estas Brigadas, especialmente las que se encuentran situadas en las cabeceras de los ríos Amazona y Orinoco, realizan pruebas de las fumigaciones que se aplican en Bolivia, Perú y Colombia bajo el pretexto de erradicar el cultivo de la hoja de coca, ocasionando graves daños en la salud de los habitantes y en otros cultivos de vital importancia para las comunidades, puesto que el Glifosato y el Hongo Fusarium oxysporum tiene efectos nocivos sobre los pobladores. Estos sitios en su mayoría no están comunicados por vía terrestre con el centro y resto del país, pero sí vinculados a través de la urdimbre de la guerra, pero ello no es impedimento para la estrategia del Plan Colombia, porque no fue concebido ni instrumentalizado para un país, su intención es abarcativa, regional y con un interés geopolítico, por ello los brazos extendidos del Plan llegan a otros países, de ahí que veamos movimientos en Panamá (266 Km. de frontera) en la región donde habitan los indígenas Payas y Panuza en Panamá, cerca del Darien y una pista de aterrizaje en Metetí, destinada para la aviación norteamericana y especial para el arribo de aviones Hércules. Hacia el Sur, en Ecuador (586 Km. de frontera) se conecta con la Base Manta, ocupada por 5000 soldados y seis naves P3 de 4 turbinas y doce militares estadounidenses, desempeñando labor de espionaje a través de captación de imágenes satelitales, interceptaciones telefónicas y apoyo logístico a los ejércitos de Perú y Colombia para contrarrestar a los narcotraficantes y guerrilleros. A partir del 9 de marzo del 2002, se congregaron grupos militares en retenes permanentes y acordonamiento desde la base Militar Ciro Alegría hasta El Milagro en Bagua, frontera con Colombia; desde Caballococha hasta Inquitos y Pijuyal, cercando toda la parte amazónica.
En Perú (1,625 Km. de Frontera) en varios puntos fronterizos se desplazan cerca de 2.000 militares que se encuentran en movilización permanente; sin embargo, en la frontera con Brasil (1,645 Km.) la colaboración no es estrecha entre los dos gobiernos, debido a que Fernando Henrique Cardoso se resiste a involucrarse en el conflicto y prefiere patrullar y vigilar de manera independiente las ciudades norteñas de Tabatinga y San Gabriel a través del Sistema de vigilancia amazónica (SIVAM) y la base militar recién establecida en la zona descrita, la cual se suma a las bases aéreas de Boa Vista (Roraima) y Manaos (Amazonas) Con respecto a Venezuela (2,219 Km. de frontera) el Plan Colombia ha tenido serias dificultades de extenderse hacia ese país porque el comportamiento y posición de Hugo Chávez confronta con la visión militar de los militares norteamericanos y colombianos. A este factor ideológico, se le suma el interés económico estratégico que existe entre Brasil y Venezuela a partir del acuerdo que permitió tender 676 kilómetros de cables que transportan energía de 200 megavatios hora de Guri a Roraima, lo que le aportará a Venezuela 9 millones de dólares anuales por venta y 800 mil más por costo de operación, y se firmó el acuerdo con una vigencia hasta el 2020.No obstante, el interés de la administración Bush sigue vigente porque tanto Colombia como Venezuela son países que tienen frontera con la costa caribeña y la zona andina y en esa región existe gas en abundancia que llama la atención de diversas empresas norteamericanas. Asimismo, el factor Chávez propicia una situación incómoda por el triunfo de Lula en Brasil y el potencial subversivo de los indios en Ecuador.
Con base a lo anterior, es entendible que la convulsión que vive Venezuela en la segunda mitad del año 2002 no es un hecho fortuito, sino parte del cometido del Plan Colombia que trata de extender sus tentáculos hasta el territorio bolivariano, acompañando a los empresarios, los militares y al pool de los medios de comunicación para que generen una situación de caos para que renuncie Chávez o adelante las elecciones, lo cual configuraría un mejor cuadro político para las aspiraciones de los estrategas de la administración Bush.
Los soportes financieros y los ganadores de los planes
La esfera bélica de los planes en ejecución es el verdadero negocio de la guerra, puesto que detrás de cada incursión de carácter militar está una empresa y un grupo de inversionistas que lucran con el dolor de los pueblos latinoamericanos.
El soporte militar está dividido en dos aspectos, los que proporcionan el equipo de software y el hardware.
Las cifras nos indican que la guerra también es un negocio próspero, principalmente para los EE.UU. y particularmente las empresas asociadas a la producción, asesoría y mantenimiento de dispositivos bélicos, por ello cada aplauso, defensa, consentimiento o aprobación que hagamos del Plan Colombia, Plan Dignidad y Plan Puebla panamá, es una pequeña, pero significativa ayuda para que las empresas vinculadas al exterminio, a la paz sepulcral sigan posesionándose del cuerpo de nuestros pueblos latinoamericanos.
El eje estratégico de los planes
El Plan Colombia se conecta hacia al sur con el PLAN DIGNIDAD, el cual se inició en abril de 1998 hasta el 2001, destinado a la erradicación de los cultivos de la coca en la región del Chapare, pero fue prolongándose sin mediar justificación alguna, lo que hace presumir que se va a prolongar otros años más.
En la letra se conoce que el Plan Dignidad intenta organizar una lucha contra el narcotráfico, sustentada en cuatro pilares: erradicación, interdicción, desarrollo alternativo y prevención, pero tras de su plataforma divulgada está el plan militar y terrorista que se ha venido desarrollando es el país boliviano desde hace varios años, recrudecidos en los últimos meses con el nacimiento del Movimiento al Socialismo (MAS) que tiene como figura principal al cocalero Evo Morales quien se opone férreamente al plan anticocalero.
Desde los primeros días del mes de Abril de 1998 a agosto del 2002, los habitantes de Amayapampa, Capasirca, Llallagua y el Chapare, han vivido un verdadero estado de sitio, en un claro proceso de militarización de la región. Cientos de efectivos policiales y militares han invadido violentamente las tierras del Chapare, cometiendo un sinnúmero de abusos y asesinatos que atentan contra los más elementales derechos y libertades individuales.
La intención de erradicar el cultivo de la hoja de coca y remplazarla por cultivos alternativos es la falacia que se maneja ante la opinión pública, porque en la práctica ha sido ineficiente y distorsionada con lo que dice en el documento oficial. Las comunidades que han aceptado el programa oficial del Plan se han quedado con la ayuda a medias, los productos del achote y la piña que han obtenido del cultivo no se pueden comercializar por falta de vías de comunicación, los mercados no son receptivos para ese tipo de producto, los micro créditos no fluyen, las fumigaciones dañan la salud y matan a los animales domésticos, lo cual irrita a los habitantes de esas comunidades, quienes vuelven a sembrar la coca como un retorno a las prácticas tradicionales. Si observamos lo que dice el Plan Dignidad, no se diferencia del Plan Colombia ni del Plan Puebla Panamá y los tres se conectan con la estrategia que elaboró EE.UU. para el hemisferio.
El eje de los tres planes (Dignidad, Colombia y Puebla Panamá) está constituido por los siguientes conceptos Democracia, reducción pobreza, esfuerzos antidrogas, consecuencias ambientales del narcotráfico y apoyo a los Estados Unidos en su lucha antiterrorista; de ahí que en los tres documentos haya un énfasis por 'Fortalecer las democracias frágiles, luchar contra la pobreza y mejorar la cooperación regional contra el tráfico de drogas', aunque no dicen cómo se instrumentalizaría la estrategia en cada uno de esos aspectos, sí se nota un fuerte incremento de paramilitarismo en las tres regiones, básicamente en Colombia con la administración Uribe, quien ha incorporado a la población civil campesina y marginal popular en las labores de contrainsurgencia y de claque, fomentando el paramilitarismo disfrazado; de igual manera se ha notado la tendencia incremental de grupos civiles armados que atacan permanentemente a los municipios libres y a los dirigentes zapatistas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero; en Bolivia la represión ha crecido a partir de la fuerza que ha mostrado el MAS después de las elecciones de este año.
La propuesta Bush no es distinta a la que predominó con la Iniciativa Regional Andina (ARI) que se presentó a los reporteros el 16 de mayo del 2001 en una sesión informativa en el Departamento de Estado. El enfoque del presidente Bush en relación con las dificultades sociales y económicas más urgentes de los Andes se basa en la admisión de que 'todos estos problemas persistentes están relacionados entre sí' y 'ninguno... puede atenderse por separado, lo que denota una persistencia de ligar todos los problemas al narcotráfico, lo que facilita el intervensionismo militar bajo el manto de la lucha contra la siembra ilícita, pero en el fondo busca contrarrestar los brotes de insumisión que están brotando en el agro de los países latinoamericanos, en especial los que se encuentran dentro de los tres planes.
La iniciativa de los planes, en la letra, promueve el crecimiento de largo plazo pero dentro del marco del modelo neoliberal y el libre comercio, lo que nos da a entender que por los pocos años que tienen los planes, menos de diez años, los efectos no llegarán pronto. Con respecto a lo de apuntalar las instituciones democráticas y apoyar medidas de las naciones anfitrionas para combatir la corrupción, reformar los sistemas judiciales y adoptar políticas fiscales sólidas, todo indica que debe darse una reforma profunda del Estado, pero no es así. De lo que se trata es de ir marginando a los partidos políticos de los debates sobre los asuntos económicos, dado que los acuerdos en este ámbito se dan fuera del país y con actores externos; ir minando la credibilidad de los partidos políticos en la medida que no participan ni deciden sobre los asuntos estratégicos de la nación, tales como reforma al sector eléctrico, apertura de los mercados, acuerdos bilaterales o regionales de comercio, privatización de recursos nacionales, endeudamiento con los organismos financieros internacionales, etc.; además, pone de relieve el papel del comercio liberalizado como estímulo económico y aboga por la renovación de legislación tal como la Ley de Preferencia Comercial Andina a fin de que embonen con la iniciativa del Area de Libre Comercio de las Américas - ALCA- que se pondrá en ejecución en el 2005.Dentro del ALCA está un recurso de gran interés para los EE.UU. el gas boliviano, para lo cual se han iniciado los trámites correspondientes para que se limen las asperezas diplomáticas entre Bolivia y Chile a fin de interconectar las plantas bolivianas con el norte chileno (Arica y Iquique) zona que ha subsistido sin apoyo ni inversiones en los últimos años. Las pláticas anuncian resultados de una inversión inicial de 1.900 millones de dólares de un total de seis mil millones para financiar el gasoducto y las exportaciones del gas hacia suelo norteamericano.
La intención de promover la democracia liberal en Bolivia, Colombia y la zona del sur de México hasta Panamá, además de los intereses económicos y recursos naturales públicos, es la de marginar toda iniciativa política que nazca de las comunidades indígenas y/o populares porque no se encuentran institucionalizadas como partidos políticos ni se realizan dentro de ellos, lo que afectaría el fortalecimiento de las democracias nacientes y las instituciones vigentes.
Como se puede observar, la estrategia de los tres planes no está orientada a respaldar la nueva democracia que se está dibujando en América Latina, tampoco a estimular la participación políticas de los nuevos actores, sino que tiene una definición clara, fomentar el paramilitarismo para contrarrestar el auge de las protestas que se deriven de la exclusión y privatización de los servicios públicos, en especial el agua y la energía; detener por medio de la represión, no estatal, pero si paramilitar, los levantamientos de los actores insumisos que se revelan en el campo y en los sectores marginales de las ciudades; remplazar la ineficacia de los gobiernos, los partidos políticos y del modelo imperante para generar empleos, por agremiaciones que doten de un oficio a los pobladores de las zonas conflictivas en labores de espionaje contrainsurgente, de lanceros y vocinglero hasta que las personas terminen convertidos en felones sociales.
Plan Puebla Panamá (PPP)
Aparece como una parte o complemento del Plan Nacional de Desarrollo en México, pero involucrando a la región centroamericana y al Istmo de Panamá, lo cual hace que no sea propiamente nacional.
Su objetivo visible es ser facilitador y gestor para la inversión externa y privada con fin de contener los flujos migratorios hacia los EE.UU., a su vez abrir el compás para la privatización de los recursos públicos, principalmente las empresas que suministran agua, energía y telefonía en el área.
Es digno de destacar que la amplia región que abarca el PPP entre el estado de Puebla y el territorio panameño existe el banco biogenético más significativo, cuenta con grandes yacimiento y producción de petróleo en México, El Petén y reservas potenciales en Nicaragua y Costa Rica; maderas abundantes y finas, con recursos de agua abundante, la tierra es muy rica y fértil sirve para la agricultura y ganadería, pero esta habitada por población indígena y campesina.
La riqueza de los recursos ha despertado el interés en las empresas trasnacionales pero quieren esas tierras limpias de gente, principalmente de los inconformes o de los que cuentan con recursos orgánico-movilizador para contrarrestar las futuras inversiones.
He aquí el primer reto del PPP, cómo instrumentalizar una estrategia de limpieza social para fomentar las inversiones y para ello ha mirado varios proyectos para obligar a cientos de miles de pobladores a que abandonen su tierra de manera pacífica, promoviendo la siembra de cultivos de la palma africana, vainilla, flores entre otros que acaban ahogando la economía campesina por falta o distorsión provocada de mercado. Existe la estrategia radical que busca, bajo toda circunstancia, promover el paramilitarismo en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua para sofocar los conflictos que se engendren y garantizar una situación de estabilidad política, gerenciada por el miedo y el terror, que de ser persistentes en amplios sectores sociales puede desembocar en fobias, timidez, bajo grado asociativo y desconfianza en el otro.
Ahora bien, si posamos los ojos y nuestra atención en los debates más recientes en los países que integran el PPP, la temática gubernamental gira entorno a la apertura de los sectores de la electricidad, petroquímica, agua y telefonía, debido a que existe el marcado interés por construir 72 presas hidroeléctricas, 22 en Chiapas, las cuales se deben edificar con soporte de inversión privada.
Otro aspecto relevante es la deficiencia energética de los EE.UU. situación preocupante para la administración Bush, quien ha destacado la necesidad de norteamericanizar los mercados de energía, en los compromisos que asumió en Québec al afirmar que 'el precio del petróleo puede incentivar a las compañías norteamericanas a realizar labores de exploración en ambos lados de nuestra frontera; hay mucho trabajo para hacer juntos', dijo el mandatario. Agregó, ''Si los proveedores canadienses y mexicanos de petróleo y electricidad están buscando un mercado ya lo encontraron en Estados Unidos. Tenemos una deficiencia energética, requerimos más energía en nuestro país'', respondió el presidente Bush cuando fue interrogado en una conferencia de prensa sobre la iniciativa de crear un mercado continental de energía, contenida en el ALCA. ''Lo que puede hacer Estados Unidos es proporcionar mercados con mejores oleoductos, otorgando permisos transfronterizos, recibiendo los abastos de gas natural sin importar su país de origen'', estableció el presidente de Estados Unidos.
En particular, dijo que su país puede trabajar ''con nuestros amigos de México'' en el desarrollo de proyectos de electricidad en la zona fronteriza común. La pregunta que debemos hacernos es, quien garantiza la inversión en una región vulnerada por la violencia, donde la mayoría de los conflictos se han dirimido a través del recurso de la confrontación, provocando la consolidación de una cultura contestataria ante el vacío de autoridad legal y la proveniencia de enclaves autoritarios (actorales e institucionales) que han desplazado la posibilidad de arreglos mediados por la legalidad.
El vacío institucional y la ilegitimidad de las autoridades en muchos lugares donde se piensa instaurar el PPP, no garantizan resolver las diferencias a través del marco normativo de un estado de derecho, lo que va a desatar innumerables conflictos armados y desplazamientos de numerosas familias, por lo que se avecinan dos fenómenos con características novedosas, desplazamiento migratorio interno por la confrontación paramilitar contra comunidades campesinas y desgarramientos internos por familiares que se incorporaren en las labores de fisgón en zonas conflictuadas.
(Tomado de ARGENPRESS, 24/04/2003)
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