Montado en la más reciente ola neoliberal, el gobierno de los empresarios que administra Vicente Fox lanzará en los próximos días un millonario proyecto de "desarrollo" y "modernización" de Chiapas y el sureste mexicano que transformará de manera radical toda la región.

Con la zanahoria de fomentar el desarrollo del México pobre y con apoyo del aparato militar, el nuevo proyecto de intervencionismo estatal subsidiará, una vez más, a los grandes industriales del país. La misión de Fox consistirá en acelerar la entrada en vigor de la segunda generación de reformas económicas neoliberales y propiciará el saqueo empresarial del campo mexicano iniciado tras las iniciativas salinistas de modificar un artículo de la Constitución (el artículo 27) y decretar la ley agraria que en 1992 estableció una nueva regulación de la tenencia de la tierra, en particular del ejido. Ambas iniciativas fueron requisitos impuestos por Estados Unidos para que México pudiera entrar en el Tratado de Libre Comercio.

De llevarse a cabo la "modernización" foxista, las comunidades indígenas de Chiapas serán "changarrizadas" -eufemismo predilecto de Fox utilizado para aludir a la obligada proletarización del campesinado, que pretende ser reconvertido en mano de obra barata al servicio de las agroindustrias trasnacionales y el sector maquilador- y perderán sus tierras, que serán privatizadas junto con los recursos naturales y genéticos de la región. Así, la entrada a la "globalización" del campesinado pobre de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y otros estados del sur se hará por la vía de una metamorfosis que nada tiene que ver con la letra de los Acuerdos de San Andrés -y en particular con el cumplimiento del ar-tículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo-, convertidos "al vapor" en iniciativa presidencial por Fox; los ejidatarios pasarán a ser peones dependientes, sin autonomía y sometidos a nuevas "tiendas de raya" trasnacionales.

En realidad, lo que está en disputa en Chiapas es el control y la propiedad de la selva Lacandona, muy rica en agua, petróleo, madera y biodiversidad. La zona padecerá además la "biopiratería" de los conocimientos etnobotánicos y farmacéuticos ancestrales de la población maya, que pretenden ser patentados por compañías como Diversa, Monsanto, Novartis y Savia -principales productoras mundiales de organismos genéticamente modificados (más conocidos como transgénicos)- que ya operan en la zona.

De ahí que no sea casual que el plan, que supone una amplia ofensiva de inversiones estatales y privadas, nacionales y extranjeras, esté tutelado por un viejo amigo de Fox, el megamillonario Alfonso Romo, cabeza de los grupos Pulsar Internacional y Savia (antes Seminis), líderes mundiales en la producción y distribución de semillas híbridas (transgénicas), con actividades en 120 países.

El nuevo proyecto de conquista, que hará realidad el viejo anhelo imperial estadounidense de convertir a México en un Estado maquilador subordinado, implicará a corto o mediano plazo una lucha interoligárquica entre el empresariado moderno de Monterrey y sus aliados nacionales y del exterior, y los grupos tradicionales, ultraconservadores y racistas de Chiapas: el viejo sector terrateniente y ganadero de tipo "feudal", ligado al pri, que ya no responde a las necesidades del "Dios mercado".

Los resultados están a la vista: hoy, en todo el sureste (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Campeche, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo) está en curso -junto con la contención de la guerrilla por el ejército- un proyecto de desintegración y aniquilamiento político de las viejas oligarquías locales y sus estructuras caciquiles de tipo feudal, en beneficio del capital trasnacional, mexicano y extranjero.

CABALLO DE TROYA

La estrategia foxista para la entrada de grandes capitales a los estados pobres del sur del país -en particular Chiapas y Oaxaca, asiento de las guerrillas del ezln y el epr- es en realidad obra de un funcionario salino-zedillista, el exsubsecretario de Hacienda Santiago Levy. Bajo el nombre de "El sur también existe", el proyecto fue adoptado por Fox y puesto bajo el monitoreo de uno de sus hombres de confianza: Alfonso Romo. Con algunos ajustes, el "plan estratégico", que lleva el nombre Proyecto Puebla-Panamá, fue entregado a Fox el 2 de noviembre pasado.

El multimillonario Romo, con cuantiosas inversiones en el sureste mexicano, después de las modificaciones al artículo 27 de la Constitución, dijo: "el proyecto Chiapas es el que más me gusta de todos mis negocios". Las empresas de Romo en Chiapas se han dedicado al monocultivo de productos de exportación como la palma africana, plantas ornamentales y el bambú tipo gandía. En asociación con Conservation International (ci) -una organización no gubernamental ambientalista con sede en Estados Unidos, que figura en la lista global de compañías e intermediarios que realizan biopiratería- desarrollan proyectos "conservacionistas" en la selva Lacandona.

Según Miguel Pickard, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, de San Cristóbal de las Casas, se "sospecha" que detrás de las acciones "amigables al medio ambiente" de Pulsar y ci se pretende ocultar actividades de bioprospección y "posiblemente la biopiratería", disimuladas con una gruesa capa de barniz ecologista. Es público que ci, empresa líder en bioprospección, está recolectando plantas y microorganismos en los países donde opera y que ha establecido una "alianza estratégica" con trasnacionales farmacéuticas para identificar y documentar el uso de medicinas tradicionales por los pueblos indígenas (boletín Chiapas al día, 175, www.ciepac.org).

Romo está convencido de que "la presión social no disminuye con balas, sino promoviendo riqueza". El sabe cómo hacerlo. Lo que no dice -tampoco lo dice el presidente- es que el Proyecto Puebla- Panamá es la última fase de un plan contrainsurgente inscrito en una guerra de baja intensidad, que viene a sumarse a las labores de guerra psicológica, acción cívica, control de población y "guerra sucia" paramilitar desplegadas por el ejército en los últimos seis años.

El Proyecto Puebla-Panamá es la cara económica del plan militar "Chiapas 2000", renovada estrategia contrainsurgente de rostro más "amable" puesta en práctica por la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida a "quitarle las banderas" a los zapatistas sobre la base de la "legitimidad democrática" del nuevo régimen.

EXPLOTACIÓN Y MARGINACIÓN

En el fondo, lo que está en disputa en la selva Lacandona son vastos recursos acuíferos, de hidrocarburos y en biodiversidad hasta ahora vírgenes. Debido a la abundancia de agua, ambas zonas son consideradas idóneas para el nuevo patrón técnico de producción del siglo xxi, en particular la biogenética y las plantas forestales comerciales. Según el Banco Mundial, Chiapas es un "interesante campo experimental en biogenética y biodiversidad para los empresarios". No es casual que Savia, la empresa de Romo, sea la sexta trasnacional del mundo en agrobiotecnología. En el millón 879 mil hectáreas de la selva Lacandona -que concentra ocho municipios bajo la influencia de la guerrilla zapatista- está el 25 por ciento del agua superficial del país, que genera el 45 por ciento del suministro hidroeléctrico. Además, esa vasta región alberga más de la mitad de las especies mexicanas de árboles tropicales, 3.500 especies de plantas, 114 especies de mamíferos y 345 de aves. En el valle de Amador, donde el ejército tejió una red de instalaciones militares y tiene movilizadas tropas de elite de despliegue rápido, el petróleo "se huele a ras del suelo", como señaló el subcomandante Marcos. En su carta al escritor José Saramago, Marcos dice que en las áreas de Marqués de Comillas y Ocosingo hay una inmensa "mina" de hidrocarburos, con un potencial estimado en tres mil millones de barriles de petróleo. A su vez, el yacimiento Nazareth de Pemex se superpone con el poblado Francisco Gómez (antes La Garrucha), uno de los cinco Aguascalientes zapatistas, el cual queda "nadando" en el centro de ese yacimiento.

SUBSIDIOS Y SEGURIDAD

Los cuantiosos recursos acuíferos de Chiapas explican también las apetencias del capital "global" y las presiones para la privatización de la cuenca del Usumacinta así como para la construcción, con fondos privados, de ocho represas hidroeléctricas en la selva Lacandona. Proyecto menor, comparado con los programas de construcción de la Comisión Federal de Electricidad que, desde 1986, tiene previsto instalar 71 nuevas represas hidroeléctricas en Chiapas, que habrían de sumarse a las cinco que están operando. Los programas hidroeléctricos de la Lacandona contemplan valles y cañadas donde se asientan colonos zapatistas, entre ellas las que surcan el valle Amador, el Aguascalientes de Morelia y el municipio autónomo de Amparo Aguatinta.

No es difícil deducir que la "modernización" de Chiapas significará violencia y expulsión de pobladores, por lo que no parece casual que la saturación militar en las zonas de influencia zapatista haya sido guiada, más que por la amenaza guerrillera, por los intereses económicos y los planes de privatización de recursos geoestratégicos. Los programas hidroeléctricos para Lacandona servirán de apoyo a nuevos complejos urbano industriales en Tabasco, el istmo de Tehuantepec y otras regiones. Y allí es donde parece cuadrar como anillo al dedo el Proyecto Puebla-Panamá, con su red de carreteras, el mejoramiento de puertos y aeropuertos y la modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, mediante inversiones públicas. El plan contempla "perfeccionar" las reformas a la legislación agraria y subsidios oficiales para enviar "buenas señales" a los inversionistas y acelerar el proceso de incorporación de capital privado en áreas de producción tales como la de derivados de petroquímicos básicos. No podía faltar un aspecto clave: que haya seguridad pública para personas y bienes. En este contexto no queda claro el apoyo de Vicente Fox a los Acuerdos de San Andrés, cuyo aspecto medular prevé, tras una reforma constitucional, un nuevo pacto social que modifique de raíz las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales con los pueblos indígenas. El proyecto contempla una serie de derechos y garantías, entre los cuales figura el derecho de los indígenas a su hábitat y al uso y disfrute del territorio, conforme al artículo 13.2 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por México y que debe ser renovado este año. Para el empresariado moderno del norte de México, los indígenas chiapanecos también constituyen un estorbo. Por eso, de imponerse la nueva visión empresarial-gubernamental, sus derechos históricos sobre el control de las tierras, bosques y recursos naturales habrán de ser arrasados, ahora, ante el único derecho reconocido por el capital trasnacional: la libertad del mercado.


(Tomado de Brecha, 22 de enero de 2001)