"Cuando se seque el último río, cuando pesquen el último pez, cuando corten el último árbol, entonces ya no existiremos". Con la firma de un compromiso por la vida "con el fin de garantizar nuestra continuidad como pueblos" concluyó el 30 de enero en Quito las reuniones del Consejo de Coordinación y Consejo de Dirección de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) que agrupa a organizaciones de Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Surinam, Venezuela, Guyana y Guyana Francesa.

(Ver Compromiso por la Vida en: http://movimientos.org/show_text.php3?key=2514)

Durante las deliberaciones se identificaron algunas de las amenazas y peligros que afectan a los pueblos de la cuenca amazónica y se adoptaron resoluciones respecto al Plan Colombia, las actividades petroleras, forestales y mineras, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la situación de los indígenas en Brasil y Venezuela, entre otras.

Con respecto al Plan Colombia, se consideró que los pueblos indígenas "se encuentran intervenidos por los actores del conflicto armado interno, los mismos que atentan contra nuestra seguridad territorial y nuestra existencia física y cultural como pueblos indígenas". Frente a esta situación, la COICA resolvió apoyar el acta suscrita entre el Gobierno colombiano y la Organización de Pueblos Indígenas de la Colombiana (OPIAC) y respaldar la creación de la Mesa Regional Amazónica para que "analice y genere soluciones viables a las consecuencias sociales y ambientales de la implementación del Plan Colombia, como son los desplazamientos masivos, secuestros, reclutamiento forzoso, impactos ambientales por las fumigaciones en territorios indígenas, entre otros".

Los dirigentes amazónicos expresaron, por otro lado, que si el ALCA entra en vigencia "nuestros países estarán obligados a concesionar las materias primas y recursos naturales, en violación a la soberanía nacional aumentando la pobreza que de manera especial afectará a los pueblos indígenas". En respuesta a este proyecto, acordaron involucrarse de manera directa y coordinada en la lucha contra el ALCA y reafirmaron el principio de "libre determinación para vivir con dignidad".

Con relación a Venezuela, la COICA resolvió "dar un reconocimiento al proceso de cambio estructural que lleva adelante el actual Gobierno del Presidente Hugo Chávez, el mismo que está ejecutando acciones específicas en beneficio de los pueblos indígenas". Contrastando con esta posición, la COICA manifestó que, en el caso de Brasil, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva carece de una política indígena específica, por lo que pide que rompa con la visión de considerar a los indígenas "relativamente incapaces", prejuicio que a lo largo del tiempo "ha perjudicado nuestra relación con el Estado en la medida en que establece relaciones de intermediación con actores no indígenas, quitando nuestra voz y nuestros derechos como ciudadanos capaces de presentar propuestas que atiendan a nuestros reales intereses".

En temas específicos, la COICA pide al gobierno brasileño que garantice la seguridad de las tierras indígenas (especialmente la homologación en área continua de la tierra indígena de Raposa Sierra del Sol en Roraima), el retiro de todos los invasores que se encuentran en tierras indígenas, el juzgamiento de los culpables de los asesinatos de 24 indígenas, la asignación, en el presupuesto nacional, de un rubro específico para atender las necesidades indígenas y la instalación de una Mesa Regional Amazónica para discutir las cuestiones indígenas.

Por último, la COICA cuestionó las actividades que llevan a cabo empresas petroleras, mineras, forestales y gasíferas en territorios indígenas amazónicos de Ecuador y Perú. En el primer caso, expresó que los territorios del pueblo Kichwa de Sarayacu, de la nacionalidades Shuar Achuar y de las comunidades Kichwas de Rucullacta, se encuentran amenazados en su integridad física y cultural por la presencia de la Compañía General de Carburantes (bloque 23) y de la compañía Burlington (bloque 24), transnacionales apoyadas por el gobierno ecuatoriano que ha militarizado estas zonas. Las organizaciones indígenas solicitan a este último que deje sin efecto las concesiones a estas dos empresas, mismas que deben retirarse de los territorios indígenas. Además plantean y que el territorio indígena de Sarayacu sea declarado Zona de Interés Biológico y Patrimonio Cultural.

En el caso peruano, las actividades de las empresas españolas del Consorcio Forestal y de otras dedicadas a la explotación del gas atentan contra la seguridad territorial de los pueblos indígenas y a su existencia misma. Este el caso del pueblo Ashaninka de la provincia de Atalaya, región de Ucayali. Antes de cualquier concesión, reclaman la necesidad de que se establezcan planes de manejo sostenible de los territorios indígenas con la consulta y participación de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.

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(Tomado de Alai-Amlatina)