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Una resolución del Congreso de Ecuador rechazó la pretensión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), de asumir la jurisdicción sobre la Isla Baltra, en el archipiélago de Galápagos, bajo un ilegal dictamen de un juez. Esta es una medida requerida por una conspiración dirigida a que la FAE ceda el uso de la isla al Comando Sur de EEUU para la instalación de una base militar, que amplíe las operaciones que realiza en el denominado Centro de Operaciones Avanzadas que sostiene en Manta.
La perspectiva de Washington de volver a ocupar la isla de Baltra en el paradisíaco archipiélago de Galápagos, para la instalación de una base militar al servicio del Comando Sur de EEUU, sufrió un revés en el Congreso ecuatoriano.
Una resolución parlamentaria, con fuerza moral pero no legal, ratificó la soberanía nacional sobre la isla y rechazó la pretensión de la Fuerza Aérea de asumir la jurisdicción plena sobre la misma, establecida por un ilegal dictamen emitido en julio del 2003 por el Juez Segundo de lo Civil de Galápagos, que se reveló sólo hace 2 semanas. Los ciudadanos de las islas han demandado la nulidad del dictamen por vicios legales de forma.
En el curso de la segunda guerra mundial, en 1942, EEUU ocupó la isla como un estratégico enclave dirigido al control del Pacífico sur y al desarrollo de sus operaciones en sus antagonismos con Japón, que desencadenaron la primera explosión de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. En 1946 el gobierno del Presidente Velasco Ibarra, reivindicó la soberanía ecuatoriana y expulsó a la base militar yanquie. Al abandonar Baltra, el Pentágono, bombardeo la isla destruyendo el aeropuerto y todas las instalaciones que construyó en ella.
Hoy, bajo el paraguas del Plan Colombia y su estrategia de ocupación militar implícita y silenciosa del Ecuador, EEUU, ha vuelto a manejar tras bastidores su pretensión de volver a establecer una base militar del Comando Sur en la misma isla de Baltra. Continúa y actualiza así sus pretensiones geopolíticas, que incluyen además la proyección que ha trascendido incluso en la prensa estadounidense de anexarse las islas como lo hizo con Florida y Texas, posición expuesta ya en 1845, cuando Delazor Smith, un agente de Washington en Ecuador, informó a su gobierno que con 3.000 soldados podía conquistarlas, dada la vulnerabilidad política del país.
El escandaloso caso, en el que un juez, argumentando que la isla fue declarada área de reserva en el último conflicto bélico con Perú en 1995, se arroga la facultad de mutilar la soberanía nacional, creando un Estado dentro del Estado bajo la jurisdicción de la Fuerza Aérea, expone una abierta violación de la Constitución, que establece el carácter inalienable e indivisible del territorio de la nación, y revela con crudeza las consecuencias de la subordinación del gobierno de Gutiérrez y las Fuerzas Armadas a los requerimientos de Washington.
En el Congreso, los argumentos de la resolución, propuesta por el diputado socialcristiano, Alfredo Serrano, aprobada por el voto de 63 de 65 diputados presentes, se cifraron en la Ley para la Conservación y Desarrollo de las islas y en la Ley Forestal de Conservación de la Vida Silvestre que protegen su diversidad biológica y su riqueza ecológica, y exigen que el Presidente Gutiérrez defina la posición de la base de la FAE, un 2% del territorio de Baltra y la incorporación del resto de la isla al Parque Nacional Galápagos.
La resolución parlamentaria dejó intocados los temas políticos de fondo: el acto de traición a la Patria implícito en el proceso, sus relaciones con la estrategia militar de EEUU en Ecuador articulada en el Plan Colombia y el significado amenazante de la instalación de una base militar del Comando Sur, con todos sus riesgos, incluída la transformación de las Galápagos en una zona de guerra.
*Marcelo Larrea es corresponsal de Adital en Ecuador y director de la revista "El Sucre"
(Tomado de Adital, 5 de abril del 2004)
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