El ALCA facilitaría la rapiña sobre el agua
Por Gustavo Castro Soto

 
 

En el año 2000 mucha represión fue el saldo que costó a los bolivianos para que su gobierno echara atrás la privatización del agua potable en la ciudad de Cochabamba, la tercera ciudad más grande de Bolivia. La empresa Aguas de Tunari fue vendida en 1999 a la transnacional norteamericana Bechtel que adquirió la distribución, almacenamiento y comercialización del agua de Cochabamba.

Inmediatamente los costos del agua subieron hasta en un 300% y los pobladores ya no podían usar el agua de los sistemas de riego, tampoco sacar el agua de los pozos que construyeron en sus terrenos para consumo del hogar o para regar sus siembras. Marchas y movilizaciones gigantescas se dieron a costa de muchos heridos incluso un joven muerto. Y es que para esto también sirve el mayor gasto a la militarización ya que el ejército jugó un papel importante en las represiones que pretendían garantizar las inversiones de la transnacional que también tiene inversiones en México y anda sediento de agua. Pero fue la primera victoria en la que el pueblo logró de manera organizada revertir un proceso de privatización.

La transnacional Bechtel exigió entonces al gobierno de Bolivia que le pagara 25 millones de dólares por quitarle el control del agua. Para ello formó una filial de la misma empresa en Holanda ya que hay un convenio entre estos dos países en materia de inversión. Así Bechtel pudo demandar al gobierno boliviano desde Holanda. Por ello, si se llegara a firmar el Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) para el 2005, las empresas tendrían más poder para demandar a los gobiernos ya que estipularía que éstos no tienen derecho a mermar la inversión extranjera o expropiar una empresa. Este acuerdo de libre comercio desde Alaska hasta la Patagonia sería el más grande del mundo y con mayor poder para las empresas. Este poder se vería reforzado si los gobiernos miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el mes de septiembre de 2003 en la ciudad de Cancún, México, logran imponer sus acuerdos a todos los países en materia de privatización de los servicios públicos.

Con la privatización del agua en Bolivia, Bechtel calculaba ganar 14 mil millones de dólares mientras que ese país tenía una deuda anual de 3 mil millones de dólares. Mientras que 25 millones de dólares no representan mucho para la empresa, sí significa desangrar al país más pobre de Sudamérica. Bechtel es una de las empresas de construcción más grandes del mundo y pretende que el ALCA se apruebe rápidamente en los congresos de cada país sin implementar ningún proceso de consulta o mecanismo democrático, por lo que se le llama Fast Track. Por ello en octubre del 2002 muchos ciudadanos de los Estados Unidos llevaron un plantón frente a las oficinas de la empresa Bechtel Corp. en la ciudad de San Francisco, California, para que abandone su apoyo al ALCA y su demanda contra el gobierno de Bolivia.

Bechtel continuó de cualquier forma devorándose el agua de los pueblos. En el 2001 firmó otro acuerdo de privatización para controlar las reservas de agua de la ciudad de Guayaquil en Ecuador, que le permitiría el control del recurso por 30 años con la ayuda del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) y la agencia del Banco Mundial (BM) para el seguro del sector privado, el “Multilateral Investment Guarantee Agency” (MIGA). Para evitar incidentes como en Bolivia, Bechtel pidió un seguro de 18 millones de dólares a través de MIGA para protegerse contra protestas civiles y posibles expropiación.

La rapiña sobre el agua sigue y se fomenta desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) por medio de sus Políticas de Ajuste Estructural. Actualmente hay algunas empresas en las que una sola ha logrado tener el monopolio del agua controlando el servicio a millones de personas. Durante el año 2000 el FMI obligó a 12 países a privatizar el agua además de la energía eléctrica y otros servicios que estaban en manos de los gobiernos. Entre estos países estuvieron Angola, Benin, Guinea-Bissau, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Ruanda, Santo Tomás y Príncipe, Senegal, Tanzania y Yemen. Como podemos observar, al menos tres de ellos fueron países hermanos Centroamericanos y ocho del Africa Subsahariana. Todos tienen el mismo factor común: altamente empobrecidos y terriblemente endeudados con los bancos multilaterales. Esta situación les permite tanto al BM como al FMI imponer sus políticas de manera más rápida.

El 25 de marzo de 2002 el BM presentó el documento “Estrategia Sectorial para el Recurso Agua” donde plantea hacer atractivo tanto el agua potable, pero también las represas hidroeléctricas para la iniciativa privada: “en muchos países en desarrollo existe un gran potencial desaprovechado para las hidroeléctricas, y por ello el Banco Mundial tiene que impulsar el desarrollo de pequeñas y grandes hidroeléctricas”. Ya desde hace años el BM afirmó que las guerras del siglo XXI serían provocadas por el control mundial del agua dulce cada día más escasa en el planeta, donde el 70% de su superficie está cubierta por agua y de ella solo el 3% es agua dulce, el resto es salada. Desde otro punto de vista, de cada 100 gotas de agua, 97 gotas son agua salada y sólo 3 gotas son agua dulce, por ello se ha convertido en un recurso estratégico para los países ricos y las empresas transnacionales.

Paradójicamente, en el mundo hay más de 6 mil millones de habitantes. Teóricamente hay agua suficiente para 20 mil millones de habitantes. Sin embargo, el 85% del agua del mundo está concentrada en tan sólo el 12% de la población mundial, lo que equivale a que mientras 12 personas usan 85 litros, 88 personas se reparten 15 litros de agua dulce. Actualmente más de mil millones de personas no tienen acceso a agua potable, y en unos 20 años, dos terceras partes de la población mundial no tendrá acceso a agua suficiente, según el Foro Mundial de Agua (La Haya, 2000). Así, mientras que en Estados Unidos toda la población tiene fuentes de agua mejoradas, en Haití sólo el 46% de la población la tienen. Según un estudio de Manos Unidas, en los países industrializados la media de uso por persona y día es de 3,500 litros de agua, mientras que en los países empobrecidos es de 2 y 5 litros. Según la Guía del Mundo con sede en Uruguay, actualmente más de 500 millones de personas padecen de escasez casi total de agua potable y se estima que llegarán a 250 millones para el 2025. Afirma también que anualmente en los países del Sur mueren seis millones de niños por beber aguas contaminadas.

El consumo de agua no necesita publicidad. La necesitamos todos. Es un recurso y bien de la humanidad que no puede estar en manos de empresas privadas. Y aún así, las grandes transnacionales no asumen los riesgos ni los costos del mercado libre que pregonan. Rechazan la protección que el estado otorga a algunos sectores productivos pobres, y exigen que no se les retire la protección a ellas mismas. El BM les ofrece así “garantías” y subsidios para tranquilizar los nervios de los inversores, lo que equivale a que la población subsidia y protege con sus impuestos a las grandes corporaciones. Es por ello que una de las políticas básicas del BM para los países es que eleven sus impuestos y garanticen liquidez para el pago de su deuda con el banco.

En Barranquilla, Puerto Colombia y ahora con la localidad de La Soledad, la empresa Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa) de España, que no tiene inversiones en su propio país, logró la concesión del servicio del agua por 20 años. Esta empresa fue creada en 1999 para concursar en las privatizaciones del agua en América Latina. A sólo tres años de su creación contaba ya con cuatro filiales: Metroagua en Santa Marta (Colombia); AAA Dominicana (Santo Domingo, República Dominicana); Amagua en el cantón de Samborondón (Ecuador) y AAA Venezuela, en el Estado Zulia. Tecvasa controla una zona con nueve millones de habitantes en América Latina, con un volumen total de negocios de 180 millones de dólares en 2001. Así, después de largas y sangrientas luchas por la independencia de América Latina, el nuevo colonialismo español contraataca.

El gobierno de Vicente Fox ha lanzado ya este proceso de privatización del agua en México por medio de convenios en el marco del “Programa para la Modernización de los Prestadores del Servicio de Agua y Saneamiento” (PROMAGUA) creado en agosto del 2001. Ya en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala la importancia de implementar acciones en materia de agua y saneamiento. Poco tiempo después, en febrero del 2002 se publica el Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 que señala como prioridad el sector agua para el país. Y es que en México, según cifras oficiales, más de 12 millones de mexicanos y mexicanas no tienen acceso al agua potable, que es equivalente a toda la población de Guatemala.

En septiembre del 2002 Vicente Fox presidió Primer Evento de Evaluación del PROMAGUA, "Mecanismo de Vanguardia para Reactivar el Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica en México". Ahí aseguró que cada año se invierten 22 mil millones de pesos para el programa y que “Actualmente las inversiones que se están realizando son aproximadamente de 13 mil millones de pesos por año. Así que traemos un déficit de 9 mil ó 10 mil millones de pesos que tenemos que conseguir. De hecho esa brecha ya se ha cerrado considerablemente cuando vemos, por ejemplo, recursos que hemos logrado atraer de parte del NADBANK, del Banco del NAFTA, del Banco del Acuerdo de Libre Comercio.”

Con este esquema, el gobierno destina por medio del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) recursos financieros a fondo perdido en un 40% para mejorar la infraestructura que luego las empresas comprarán, mejoras que no tendrán que pagar por ellas. Otros porcentajes los ponen los gobiernos estatales y los municipales, pero las empresas, nada. Para el 2006, la meta del gobierno federal es haber logrado más del 60% del agua tratada que se desecha y contamina en el país. Según el diagnóstico del presidente el volumen anual de metros cúbicos de agua por cada habitante es el mismo que hace 50 años. Para él ya existen “21 convenios con igual número de estados y yo estoy seguro que en breve, podremos incluir a toda la República Mexicana en este Programa. De esta forma, los principales municipios del país están ya pagando por el consumo de agua (...).” En nuestra segunda parte de este estudio analizaremos al detalle el mecanismo de este convenio.

Como un anzuelo para que los estados del país y sus municipios entren al PROMAGUA, se han condonado algunos pasivos y adeudos por el uso del agua, “a cambio de que a partir del 2002 estén al corriente e inviertan en mejorar sus instalaciones.” Así, para Fox “el gran tema mundial del siglo XXI, no hay la menor duda, se llama desarrollo sustentable y se llama agua.”

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable que se llevó a cabo en el 2002 en Johannesburgo, marcó muchas prioridades para la administración de Vicente Fox. Por un lado, México fue el primer país del Continente Americano en ratificar el Protocolo de Kioto. Luego decretó la zona marítima exclusiva como refugio de ballenas y delfines, convirtiendo a México en el santuario más grande del mundo para estas especies. Por su lado, México comenzó a presidir el grupo de países mega-diversos. Por todo lo anterior, el gobierno mexicano ha lanzado “cruzadas” emprendidas por los Bosques y el Agua y por un México Limpio que buscan enfatizar la interrelación entre bosques, suelos, agua, aire, biodiversidad, población humana y actividades económicas. Todo esto y más no sería posible sin que el gobierno promueva la modificación de leyes en la materia. Es por ello que el resultado de las recientes elecciones federales del 6 de julio para renovar a los diputados del Congreso darán la pauta sobre la ruta que seguirán las nuevas reformas en materia de biodiversidad, agua, etc. Recordemos que la Constitución Política expresa en el artículo27 que “Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales (...) las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros (...) lagos interiores (...) las de los ríos y sus afluentes (...) las de los manantiales (...)”.

En este mismo evento del Primer Evento de Evaluación del PROMAGUA, el secretario Víctor Lichtinger afirmó en su discurso que “No pocos analistas consideran que este siglo puede quedar marcado por un colapso en los recursos naturales y por el tránsito de las guerras por petróleo a guerras por el agua. Si bien nuestro país cuenta con una de las mayores infraestructuras hidráulicas urbanas y para riego agrícola, por décadas las instalaciones de agua y drenaje han recibido un escaso mantenimiento y modernización, lo que se manifiesta en cuantiosas pérdidas por fugas y contaminación en todo el país”.

Para el secretario Lichtinger el país ha perdido numerosos ríos y lagunas, así como importantes superficies en los lagos como Chapala, Pátzcuaro, Cuitzeo y Xochimilco. En su análisis también refiere a que grandes cuencas se utilizan como vertederos de residuos sólidos y líquidos, que convierten lechos de ríos y cuerpos de agua en basureros. Además agregó que “Quien no recibe el agua, teniendo el mismo derecho ciudadano, paga mucho más por ella, ya sea en dinero, en esfuerzo o en salud. Aún hoy, en los albores del siglo XXI miles de mexicanos que no cuentan con conexión directa tienen que acarrear el agua hasta sus casas, de fuentes poco seguras y muchas veces contaminada.” Asegura que el agua se recibe limpia y se desecha sucia y se pregunta “¿Quién debe pagar por limpiarla? El agua contaminada por usos domésticos, industriales o agrícolas llega a otras áreas terrestres o acuáticas. ¿Quién restaurará los suelos y acuíferos contaminados, los ecosistemas dañados?” Para el secretario la respuesta está entonces en el PROMAGUA cuya primera acción consiste en financiar con el 75% a fondo perdido el Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral con el fin de analizar las condiciones de los sistemas de agua en las ciudades de más de 50 mil habitantes. El resto lo pondrían los estados y municipios. Según los resultados del Estudio se financiarán desde un 20% hasta un 49% las inversiones en infraestructura del agua.

En el 2002 el Banco Mundial otorgó un préstamo a la Comisión Nacional del Agua (CNA) por 250 millones de dólares para PROMAGUA. La ciudad de Saltillo fue una de las primeras ciudades en la que se aplicó y donde la población lleva una resistencia contra la compañía SUEZ. Este programa también se ha llevado a cabo en ciudades como Puerto Vallarta, Aguas Calientes, Cancún, Puebla, Ciudad de México entre otras donde también están invirtiendo empresas como Vivendi y Bechtel camuflajeada como United Utilities. En todas estas ciudades será donde las colonias y barrios populares ya no contarán con cuotas fijas en el servicio del agua sino que se elevarán aumentando la pobreza en los mismos cinturones de miseria. Pero también hay otra empresa importante que está aprovechando la relación con el presidente Fox. La transnacional Coca Cola ya ha obtenido al menos siete concesiones para la explotación industrial de aguas nacionales. Y en Chiapas, como vampiros, chupan toda el agua que puedan de los ricos mantos acuíferos del estado.

Esta es la primera parte del artículo titulado La privatización del agua en México de Gustavo Castro Soto / CIEPAC, Chiapas, México

(Tomado de www.pacificar.com, agosto del 2003)

 
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