En la misma mitad de julio, justo en el mismo medio del mes, el Gobierno colombiano se instaló por tres días en Arauca, capital del departamento homónimo (provincia), en busca de demostrar que no temía a la presencia y actividad guerrillera allí y que podía dirigir el país desde cualquier punto de su geografía.

A los habitantes de la ciudad la exhibición les trajo fuertes dolores de cabeza con las razzias de la policía, la revisión de taxis, motos y hasta bicicletas. Y al fin no sucedió nada. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantuvieron todas sus posiciones.

Alejo Vargas, un especialista en estos temas, declaró que la recuperación de esta zona por el ejército demorará un buen tiempo. Nadie se atrevería a definir cuán largo podría ser ese lapso, habría que poseer dotes de adivino.

Son opiniones que van y vienen, porque, para el Defensor del Pueblo, la estrategia de seguridad no ha dado resultados y solamente ha traído como consecuencia la zozobra de la población civil.

El Plan Colombia no es un simple programa de militarización de un país para acabar con el narcotráfico, como se dice oficialmente. Es una estrategia completa para tratar de exterminar las guerrillas, instalar bases militares, controlar posibles estallidos sociales causados por la miseria de la población, impulsar el ALCA y retrotraer su influjo político y militar a las épocas cuando desde Washington imponían dictaduras militares obedientes.

Desde que comenzó el Plan Colombia, Estados Unidos ha estado "certificando" el mejoramiento de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por los militares, porque ellos son los principales destinatarios de los 1 300 millones de dólares (luego 2 300) aprobados para la lucha contra la droga y empleados fundamentalmente en el intento de exterminio de las formaciones guerrilleras existentes.

¿Decir que ese propósito es dificilísimo? ¿Cuántos presidentes han pasado por la Casa de Nariño en Bogotá con las mismas intenciones y no han logrado su propósito?

La gran aspiración del Gobierno anterior era entrar en la historia colombiana como el equipo que había logrado la paz con las FARC y el ELN mediante negociaciones políticas, pero sus propias ataduras y las presiones de un alto mando militar reaccionario, que contradecían públicamente esa intención, así como posiciones inconmovibles de la guerrilla, frustraron un resultado final positivo.

Hoy, el Gobierno se propone la paz por la vía de la guerra total. Hasta ahora ha rechazado las proposiciones de los insurgentes, pero hizo el pasado 15 de julio un muy publicitado acuerdo con las bandas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Carlos Castaño, un mercenario convencido de que la tierra da mejor cosecha si se riega con sangre de los campesinos, dirigentes sindicales, activistas por los derechos humanos y líderes de izquierda.

El Gobierno proclamó que no habría impunidad, pero si a Castaño y sus hombres no les garantizan absoluta libertad a pesar de los crímenes perpetrados, incluyendo el tráfico de cocaína al por mayor, no sería posible ningún acuerdo. Ellos, acusados por miles de muertos que han dejado, con demasiados testigos vivos, jamás abandonarán una actividad que les es tan lucrativa sin una garantía completa de que no habrá juicios ni investigaciones en cuentas bancarias.

Indudablemente, los norteamericanos tienen que haber dado el visto bueno al acuerdo en esas condiciones, o no sería simplemente posible. Eso puede formar parte del Plan Colombia.

Es muy curioso que, el mismo día del acuerdo, el general Héctor Fabio Velasco, jefe de la Fuerza Aérea, dijo que se perdió un video sobre un bombardeo al pobladito de Santo Domingo efectuado el 13 de diciembre de 1998, con un saldo de 18 civiles muertos.

Todo concuerda: el Plan Colombia, la "certificación" de que los militares no cometen violaciones de los derechos humanos (si "certificaran" la realidad habría que cortarles la ayuda militar) y la pérdida de un video clave cuando estaba en manos estadounidenses. ¡Qué casualidad!

Hay maniobras singulares para aumentar los gastos bélicos. El presupuesto del 2004 parecía un ejercicio balanceado completamente y sin grandes problemas. Pero, de pronto, se anuncia que presenta un hueco de casi 900 millones de dólares.

¿Error de cálculo? Difícilmente. Los presupuestos no los confeccionan analfabetos.

Con la desproporción de gastos bélicos, el Gobierno anuncia entonces más impuestos que los existentes, entre ellos un nuevo gravamen sobre pensiones que no dan ni para comer. Hay que buscar dinero para la guerra, y puede salir de los jubilados, los alimentos y algunos servicios.

Pero poco después de conocida la maniobra, se anuncia que no son 900 millones de dólares, sino 1 300 millones, para cubrir la diferencia el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció un nuevo paquete de medidas, uno de los tantos que el neoliberalismo reclama, porque el presupuesto tiene que estar balanceado o con un déficit muy bajo.

Todo esto forma parte de la estrategia trazada en el Plan Colombia de agresividad militar y violencia que Estados Unidos regaló a los colombianos hace tres años con el fin de fortalecer posiciones propias en esa zona de América del Sur, donde cada vez se acumulan más sentimientos antineoliberales y antimperialistas.

El Plan Colombia no se puede separar del esfuerzo de la Casa Blanca por imponer a los latinoamericanos el Área de Libre Comercio de las Américas y, en fin de cuentas, el dominio total.

(Tomado de www.granma.co.cu , julio del 2003)