El ALCA más allá de la economía
Por Atilio Borón*
 
 

Poco después de la Cumbre de Québec el Secretario de Estado del actual gobierno norteamericano, Colin Powell, decía que: “nuestro objetivo es garantizar para las empresas norteamericanas el control de un territorio que se extiende desde el Ártico hasta la Antártica y el libre acceso sin ninguna clase de obstáculo de nuestros productos, servicios, tecnologías y capitales a un mercado único de más de 800 millones de personas, con una renta total superior a los 11 billones de dólares.”

El sistema internacional está transitando por una fase extraordinariamente peligrosa, producto de la implosión del orden mundial de la posguerra y la demencial militarización promovida por la Casa Blanca como única respuesta a los desafíos de la época.

A raíz de esto, los Estados Unidos se enfrentan a una desquiciante paradoja: es la única superpotencia militar del planeta, con una superioridad aplastante en ese terreno. Sin embargo, puede arrasar países enteros (ahí están los dolorosos ejemplos de Afganistán e Irak) pero no puede ganar una guerra. En las recientes semanas las noticias procedentes de Irak no podían ser más desalentadoras. La “victoria” triunfalmente proclamada por George Bush Jr. descendiendo de un avión de combate disfrazado de piloto de la Fuerza Aérea frente a las costas de San Diego -él, precisamente, que había utilizado sus influencias familiares para eludir sus obligaciones militares durante la guerra de Vietnam- esa victoria, decíamos, se ha convertido en una humillante derrota.

La ficción hollywoodesca que había convencido a Donald Rumsfeld y a otros diletantes como él que para ganar una guerra bastaba con arrasar desde el aire e impunemente a una población indefensa tropezó de súbito con la clásica leyenda que pone fin a todas las ensoñaciones fílmicas de Hollywood: the end. La “hora de la verdad” era la de la ocupación y control efectivo del territorio, y llegado ese momento los invasores demostraron que no habían ganado nada, que el pueblo iraquí detestaba tanto a Saddam como a quienes hace poco más de veinte años lo habían impuesto para combatir a la naciente revolución iraní y que pretendían aparecer ante sus ojos como sus “liberadores.” Tal como lo establecen los grandes teóricos del tema, desde Tzung-Tsu hasta Clausewitz, pasando por Maquiavelo, ganar una guerra significa ocupar un territorio, someter a la población derrotada y establecer un cierto ordenamiento elemental de la vida económica y social. Pese a su inmenso poderío militar, la evidencia contemporánea indica que los Estados Unidos no han podido hacer eso.

De ahí que la única alternativa que tienen los talibanes de Washington es diseñar una huída lo menos indecorosa posible, antes que la lúgubre caravana de soldados de los EE.UU. muertos en combate (más de quinientos a mediados de enero del 2004) amén de los centenares de heridos y mutilados de los cuales nada se sabe termine por convencer a los electores que el majestuoso vengador de la Casa Blanca no es sino un pequeño personaje del folklore tejano, a quien su cargo y la historia le quedan demasiado grandes.

Pero hay otro componente de la actual paradoja militar que atribula a los Estados Unidos, y es su extraordinaria vulnerabilidad ante los eventuales ataques de sus enemigos. En efecto, pese al crecimiento desorbitado de su gasto militar, que en la actualidad equivale aproximadamente a la mitad de todos los gastos militares del planeta, el país es más vulnerable que nunca, como lo demuestran los atentados del 11 de Septiembre y las reiteradas denuncias gubernamentales de inminentes ataques terroristas a la población. Una población que, en función de esto, vive en perpetua zozobra y propensa, por lo tanto, a cerrar filas en torno a su gobierno, quienquiera que esté al frente del mismo.

Son estas poco auspiciosas condiciones las que determinan las urgencias de Washington por lanzar el ALCA cuanto antes. Este aseguraría para los Estados Unidos el control absoluto –económico, político y militar- del vasto espacio geográfico que se extiende desde Alaska hasta Tierra del Fuego, construyendo un imprescindible anillo protector del ahora vulnerable y amenazado territorio norteamericano. Recientes documentos de trabajo del Pentágono, entre ellos uno del Coronel Joseph Núñez, insisten precisamente en eso: que la nueva doctrina estratégica norteamericana debe abandonar la presunción de que los Estados Unidos son una isla y que el diseño de una nueva arquitectura de seguridad construida con base en otras premisas es un imperativo categórico de la hora actual. (Núñez, 2002)

¿Un esquema de integración económica mutuamente beneficioso?

A pesar de la palabrería neoliberal que lo presenta como un virtuoso esquema de integración comercial el ALCA es mucho más que eso. Es la culminación de un secular proyecto de dominación continental, la realización práctica de las ideas forjadas en 1823 (¡un año antes de la batalla de Ayacucho, que puso fin al proceso emancipador en Sudamérica!) por quien fuera el quinto Presidente de los Estados Unidos, James Monroe y sintetizadas en la doctrina que lleva su nombre. El ALCA es el postrero triunfo del monroísmo, disimulado bajo los mantos engañosos de una simple integración comercial.

Debemos a Simón Bolívar y a José Martí la precoz identificación de los peligros que entrañaba nuestra vecindad con lo que el cubano llamaba “la Roma americana.” El Libertador ya había denunciado, contemporáneamente a la formulación de la doctrina Monroe y con palabras que conservan una rigurosa actualidad, que “los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a sembrar de miserias a las Américas en nombre de la libertad.”

Martí, sin duda el latinoamericano que mejor conoció a los Estados Unidos, nos advertía de los riesgos derivados de un rasgo cultural muy arraigado en las clases dominantes norteamericanas: su creencia en el derecho bárbaro como único derecho posible: “esto es nuestro, porque lo necesitamos.” No hace falta esforzarse demasiado para ver como esta observación prefigura con un siglo de anticipación la más reciente innovación doctrinaria norteamericana en materia de seguridad, que viene a justificar las “guerras preventivas” contra todo aquél que, en un futuro incierto, pudiera llegar a ser una amenaza para la seguridad norteamericana. Quien se oponga a las pretensiones de la gran potencia y a su “derecho” a apropiarse de lo que se le venga en gana se convierte en un enemigo.

Martí también anotaba los peligros derivados a una intensa relación económica, algo que adquiere especial importancia en estos momentos. Contrariamente a las visiones tan difundidas en estos días, que ven al comercio como un intercambio neutro y mutuamente beneficioso entre las naciones, Martí decía que: “quien dice unión económica, dice unión política. El pueblo que compra, manda. El pueblo que vende, sirve. El influjo excesivo de un país en el comercio de otro, se convierte en influjo político.” (Martí, 2001, pp. 53-54).

Siendo esto así, pocas dudas caben acerca de lo que realmente es el ALCA. Pero nuestro juicio negativo sobre esta propuesta no sólo se asienta en un análisis crítico del imperialismo y del capitalismo en su fase actual, o en las fundadas denuncias de los movimientos y organizaciones que en toda América Latina resisten a la prepotencia de Washington. Sus verdaderas intenciones han sido también expresadas por importantes funcionarios y dirigentes norteamericanos. En su oportunidad Henry Kissinger sostuvo que las relaciones México-EE.UU., plasmadas en el NAFTA, son las que deben servir de modelo para las negociaciones con otros países latinoamericanos. En otras palabras, el ALCA significa la extensión para toda la América Latina del tipo de relacionamiento económico establecido entre los Estados Unidos, Canadá y México. Los negativos resultados que, según todos los observadores, ha traído el NAFTA para la gran mayoría de la población mexicana nos eximen de mayores comentarios. Para los escépticos bastaría con recordar que el flujo de migrantes desde México hacia los Estados Unidos lejos de detenerse no hizo sino acentuarse desde la entrada en vigor del NAFTA, indicador más que elocuente de los ingentes costos sociales que produjo el proceso de integración. O la crisis del sector agrario desatada por la desleal competencia entre la agricultura subsidiada de los Estados Unidos con la producción del campesinado y los pequeños productores mexicanos, que ha dado lugar a la gestación de un formidable movimiento de masas como “El Campo no Aguanta Más.”

Poco después de la Cumbre de Québec el Secretario de Estado del actual gobierno norteamericano, Colin Powell, decía que: “nuestro objetivo es garantizar para las empresas norteamericanas el control de un territorio que se extiende desde el Ártico hasta la Antártica y el libre acceso sin ninguna clase de obstáculo de nuestros productos, servicios, tecnologías y capitales a un mercado único de más de 800 millones de personas, con una renta total superior a los 11 billones de dólares.” Y poco tiempo atrás Robert Zoellick, Representante de Comercio de los EE.UU., decía en un mensaje al Congreso, que “vamos a forzar y monitorear este proceso en todo lo que esté a nuestro alcance. Y utilizaremos todos los medios legales y necesarios [¡lo cual quiere decir que algunos necesarios no necesariamente serán legales!] para conquistar el máximo de ventajas para los norteamericanos. Sus palabras eran un eco de las que, pocos años antes, pronunciara su predecesor Mickey Kantor al decir que “nada podría ser más importante para apoyar a las economías del hemisferio que construir el Área de Libre Comercio de las Américas. ...Si ésta llegara a concretarse, para el año 2010 el valor de las exportaciones de los Estados Unidos a América Latina y el Caribe superaría el valor de los bienes exportados a los mercados de Europa y Japón combinados. ... Tan sólo en el período comprendido entre 1985 y 1994 las exportaciones norteamericanas a la región aumentaron en 30.000 millones de dólares, y generaron 800.000 nuevos empleos para los trabajadores norteamericanos.”

En una audiencia ante el Subcomité de Comercio del Congreso de los Estados Unidos el economista Jeffrey J. Schott, del Institute for International Economics, declaraba ante los congresistas que la América Latina ya es un importante mercado para las compañías norteamericanas; que el comercio con la región arroja un saldo favorable para los Estados Unidos; que las negociaciones del ALCA no requieren un cambio sustancial en las leyes o prácticas comerciales norteamericanas mientras que los nuevos socios tendrán que ajustar las suyas liberalizando y desregulando sus economías. El economista decía, en su presentación, que los latinoamericanos no tenían más alternativas que admitir esta “liberalización asimétrica” porque de lo contrario no podrían competir en los mercados mundiales. El ingreso al ALCA les aseguraría el acceso al mercado estadounidense y los pondría a resguardo de los nuevos impulsos proteccionistas que prosperan en los Estados Unidos y los mercados del mundo desarrollado. Pero, al mismo tiempo, para Washington la puesta en marcha del ALCA sería una manera efectiva de coagular las reformas económicas que se produjeron en la región en los años noventa a través de renovadas obligaciones internacionales que incrementarían enormemente los costos de cualquier tentativa de revisar lo actuado y desandar el camino de las reformas neoliberales. (Schott, 1997).

Dicho sin eufemismos diplomáticos y para resumir, el ALCA equivale a la legalización e institucionalización del pillaje colonial vehiculizado por las políticas del Consenso de Washington y que los pueblos de la región han padecido por décadas.

Por todo lo anterior se desprende que es necesario y urgente impedir la creación del ALCA. Los borradores del proyecto, discutido al margen de toda clase de escrutinio público cual si fuera una conspiración de malhechores, incluyen entre sus puntos más sobresalientes los siguientes:

a) la completa liberalización del comercio y los servicios, incluyendo la educación, la salud y la previsión social, que sufrirían un proceso de total mercantilización. De esta manera todas estas actividades caerían en poco tiempo en manos de las gigantescas firmas norteamericanas y los gobiernos de la región carecerían de instrumentos de política pública para incidir sobre estas áreas.

b) garantizar la más irrestricta libertad para los inversionistas externos, cuidándose los gobiernos anfitriones de interponer limitaciones de cualquier tipo a sus actividades, a sus estrategias de inversión y a sus decisiones en materia de remesas de utilidades a sus casas matrices.

c) abrir por completo el mercado de los contratos gubernamentales, sea a nivel nacional como provincial y municipal, a los efectos de facilitar la participación de cualquier empresa nacional o extranjera. De este modo se destruye una importantísima arma de la política económica, cual es la utilización del poder de compra del estado.

d) eliminación unilateral y completa de todas las restricciones al comercio, poniendo fin a las prácticas proteccionistas de carácter arancelarias o no-arancelaria por igual, como, por ejemplo, normas relativas a la salud pública o de preservación del medio ambiente.

e) supresión de los subsidios a la exportación de productos agropecuarios así como de cualquier requisito susceptible de ser utilizado para entorpecer el flujo comercial en este terreno.

f) garantizar el más estricto respeto a los derechos de propiedad intelectual, lo que en la práctica significa aceptar la apropiación de los bienes de la naturaleza por empresas oligopólicas dotadas de enormes recursos tecnológicos que les permitirán patentar plantas, animales y semillas.

g) asegurar que los gobiernos firmantes del acuerdo se abstendrán de promover prácticas comerciales anti-competitivas como, por ejemplo, la preservación de empresas estatales monopólicas en sectores claves de la economía.

h) al igual que se estipula en el por ahora abortado Acuerdo Multilateral de Inversiones, cualquier disputa entre los países del ALCA o entre éstos y las empresas transnacionales deberá ser dirimido ante tribunales especiales de mediación, poniendo fin de este modo a cualquier arresto de soberanía nacional en cuestiones centrales de la vida económica y social de nuestros países.

En suma, el ALCA es un proyecto que pretende institucionalizar nuestra subordinación al imperialismo forzando la capitulación de los intereses de los pueblos latinoamericanos ante la potencia hegemónica. Se trata de lograr la silenciosa anexión de nuestros países a los Estados Unidos, liquidando definitivamente cualquier pretensión de soberanía y autonomía nacionales.

Es por eso que los borradores del proyecto han sido discutidos entre “expertos”, al margen de toda clase de escrutinio público. La razón es muy simple: los verdaderos objetivos del ALCA son inconfesables: legalizar la rapiña imperialista, que sólo favorece a las grandes empresas norteamericanas y a sus aliados y representantes locales. Es por eso que los voceros de la derecha, que a diario nos aturden con sus graznidos en favor de la democracia liberal, la rendición de cuentas, la transparencia en la gestión de la cosa pública y el “empoderamiento” de la sociedad civil, incurren alegremente en la flagrante violación de todos estos principios a la hora de imponer el ALCA, chantajeando gobiernos y marginando a los pueblos de toda discusión. La sola idea de convocar a un referéndum popular sobre un tema tan crucial como éste es anatema para esos sedicentes demócratas. La inmoralidad de su doble discurso sólo puede igualarse con la alevosía de su conducta.

LA INVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

De todo lo anterior se desprende muy claramente que el ALCA es un proyecto que trasciende lo meramente comercial. Quisiéramos en esta sección plantear unas breves reflexiones sobre estas cuestiones, que van más allá de lo estrictamente económico y que todos quienes nos oponemos al ALCA no podemos dejar de considerar muy seriamente.

Esta iniciativa anexionista de la clase dominante norteamericana se inscribe en el contexto de una verdadera contrarrevolución que tuvo lugar desde comienzos de los años ochenta del siglo pasado. En palabras de Gore Vidal, uno de los críticos más acerbos del gobierno norteamericano, en los últimos años del siglo veinte cristalizaron una serie de cambios involutivos que erosionaron gravemente a la democracia norteamericana, produciendo un tránsito desde lo que Vidal denomina la “vieja república” al estado de seguridad nacional.” Esto es, a una forma estatal cuyo único propósito es librar permanentemente guerras. De ahí el título tan sugerente de su libro, Guerras Perpetuas para una Paz Perpetua, inspirado, como el mismo autor lo reconoce, en la obra del gran historiador socialista norteamericano Charles A. Beard. (Vidal, 2002).

El itinerario de este tránsito reconoce tres etapas principales. La primera tiene una fecha muy precisa: el 27 de Febrero de 1947, cuando Harry Truman da por concluida la alianza con la URSS, declara el comienzo de la Guerra Fría y se propone militarizar a la economía para hacer frente a la así llamada “amenaza soviética.” Años más tarde las consecuencias de esta decisión serían lamentadas por Dwight Eisenhower en su discurso de despedida presidencial, de Enero de 1960, al denunciar el nefasto papel desempeñado por el “complejo militar-industrial.” Según Vidal, el senador republicano Arthur Vandenberg le advirtió a Truman que para lograr este objetivo tendría que aterrorizar a la población con la amenaza de que “los rusos están viniendo.” Y Truman lo hizo. (Vidal, 158) Conviene recordar que los principales análisis actuales de la política norteamericana, entre ellos los realizados por el Profesor Noam Chomsky, insisten en señalar el carácter crucial del miedo y la intimidación públicas como mecanismos de dominación política. De ahí la incesante búsqueda de nuevos enemigos susceptibles de ser agitados para aterrorizar a la población.

La segunda etapa la inaugura Bill Clinton, un año después del atentado contra el edificio federal de la ciudad de Oklahoma. En Abril de 1996 promulga una legislación, fuertemente promovida y respaldada por la derecha republicana, la “Ley Anti-terrorista y de Pena de Muerte Efectiva.” Esta nueva pieza legal permite la intervención de las FFAA estadounidenses en funciones represivas en contra de la propia población civil, lo que significó el acta de defunción para una ley progresista vigente desde 1878 (la Posse Comitatus Act). La ley promulgada por Clinton también suspende selectivamente el habeas corpus a los sospechosos de actividades terroristas y legaliza el accionar de los grupos SWAT del FBI para actuar dentro de USA, como lo hicieron en 1993 en Waco, Texas, contra una secta milenarista, los Branch Davidians, y que ocasionara la masacre de 128 personas. Es interesante destacar además que en la prolija estipulación de la ley queda sin definición legal alguna lo que quiere decir la palabra “terrorista”.

La tercera etapa, la más reciente y conocida, es la que inaugura George Bush Jr. luego del 11 de Septiembre del 2001: guerra preventiva, guerra infinita, monitoreo y control de la población, escalada desorbitada en el presupuesto militar, agresión a Afganistán e Irak, “eje del mal”, “estados canallas”, etcétera. No me detendré en este tema por ser ampliamente conocido.

Al final de esta trayectoria, la mera idea de “gobierno representativo” se desvanece en la memoria del pueblo norteamericano. Tal como lo señala Vidal, sólo la América corporativa está representada en el Congreso y en la Presidencia. La razón es muy clara: “hacer política” en los Estados Unidos es una actividad sumamente onerosa. Se requiere mucho dinero, y son las grandes empresas quienes financian tanto a los miembros del Congreso como a los ocupantes de la Casa Blanca. Sus carreras políticas están totalmente condicionadas por la benevolencia de los capitalistas. Y este verdadero secuestro de la clase política norteamericana a manos de la burguesía es posible por la creciente indiferencia de la población ante la suerte de la cosa pública, y ante la sistemática desinformación con que se alimenta al público norteamericano, como lo ha demostrado de manera irrebatible Noam Chomsky en Manufacturando el Consenso y Cartas de Lexington, entre otros tantos brillantes análisis. Ocurre que la misma América corporativa que compra al gobierno es casualmente la dueña de los principales medios de comunicación. Eso porque desde hace más de medio siglo los ocupantes de la Casa Blanca se las han ingeniado para que nadie nunca diga la verdad de lo que han hecho a otros pueblos, ni que decir al propio pueblo norteamericano. (Vidal, p. x).

Aunque el pueblo de los EE.UU. es la única fuente de legitimidad política del gobierno ese pueblo ya no está más representado en el Congreso. Este fue secuestrado por la América corporativa y su instrumento armado, la maquinaria militar imperial.

El reverso de la medalla de la decadencia de las instituciones democráticas norteamericanas es el creciente ascendiente del Pentágono. De ahí que algunos críticos sostengan que la principal tarea de un nuevo presidente de los Estados Unidos debería ser controlar el papel de los señores de la guerra del Pentágono y sus compañeros de conspiración en el Congreso y las salas de Juntas de las grandes corporaciones. El resultado de este ascenso en la gravitación de las fuerzas armadas es la búsqueda incesante, afanosa, de nuevos enemigos que sean funcionales a la hora de aterrorizar a la población y que permitan sostener la creciente demanda del gasto militar. Luego de la desaparición del mortal enemigo de la Guerra Fría, la URSS, se inventaron muchos otros: la guerra contra las drogas y el narcotráfico, contra el terrorismo, contra los “estados canallas,” y pende la amenaza sobre los países que forman el así llamado “eje del mal”, al cual se puede sumar rápidamente cualquier otro que tenga la osadía de desobedecer los mandatos de Washington.

El impacto económico de este proceso ha sido devastador. El gasto militar, eufemísticamente denominado “en defensa”, de los Estados Unidos en el período 1949-1999 ascendió según cifras oficiales a 7.1 billones de dólares, es decir, 7.1 millones de millones de dólares (o “trillions,” en Inglés). Esto se ha traducido en una deuda nacional que a finales del siglo pasado ascendía a los 5.6 billones de dólares, de los cuales 3.6 billones se les debe al público y 2 billones a los fondos fiduciarios de la Seguridad Social y Medicare. Esta deuda es consecuencia del gasto militar y los intereses contraídos a causa de él. Tales magnitudes constituyen un ejemplo extraordinario de fracaso si se tiene en cuenta el carácter desastroso de la estrategia militar-política de los Estados Unidos, con derrotas sufridas tanto en lo militar como en lo políticos en los más diversos rincones del globo, y con más enemigos que nunca. (Vidal, p.152).

En el año 2000 poco más de la mitad del presupuesto federal se destinó a las FFAA: los militares recibieron 344.000 millones de dólares y los intereses por gastos militares desfinanciados del pasado llegaron a 282.000 millones. Mientras tanto, el estado federal recortaba los servicios sociales y reducía los impuestos a la riqueza y las grandes fortunas. Como es bien sabido por todos, después de los atentados del 11 de Septiembre el presupuesto militar ascendió vertiginosamente. En la actualidad las estimaciones más conservadoras lo ubican por encima de la mitad de la totalidad de los gastos militares de todos los países y sin reales enemigos a la vista las fuerzas armadas de los Estados Unidos gastan veintidós veces más en armas que los siete potenciales enemigos juntos: Corea del Norte, Cuba, Irak, Irán, Libia, Sudán y Siria. La irracionalidad de todo este despilfarro, en un mundo en el cual más de la mitad de la población pasa hambre, nos exime de mayores comentarios.

EL MARCO IDEOLÓGICO DEL NEOCONSERVADURISMO

Unas palabras finales para referirnos al marco ideológico global en el cual hay que inscribir la propuesta del ALCA.

Desde los años ochentas, cuando explota la reacción neoconservadora, el predominio indiscutido de las ideas libremercadistas y la aspiración a crear un solo mercado capitalista mundial fue reforzado primero por el debilitamiento económico y político de la URSS y potenciado años después por la caída del Muro de Berlín y la implosión de la URSS.

El derrumbe del así llamado “socialismo real” en Europa Oriental puso fin a las tesis “declinistas” que se habían popularizado en los años setentas tras la humillante derrota experimentada por los Estados Unidos en Vietnam. Dichas tesis planteaban que el poder y la prosperidad de USA estaban desvaneciéndose irremisiblemente y que los Estados Unidos debían prepararse para un nuevo y más modesto papel en la escena internacional. En el nuevo contexto internacional lo que prima, en cambio, es una visión que se sitúa exactamente en las antípodas del “declinacionismo” y que plantea la necesidad de que los Estados Unidos se asuman como una gran potencia imperial.

En un trabajo aparecido en el 2002, Robert Kagan -de la Hoover Institution y uno de los más influyentes asesores de George W. Bush Jr.- sostenía que los Estados Unidos, a diferencia de Europa, estaban obligados a ejercer su poder “en un mundo anárquico y Hobbesiano, en el cual las leyes y normativas internacionales son inseguras e inciertas, y la verdadera seguridad, defensa y promoción de un orden liberal todavía dependen de la posesión y uso de la fuerza militar.” Es por eso que los Estados Unidos deben con frecuencia actuar como un verdadero “sheriff internacional,” y que pese a su autodesignación este papel es ampliamente bienvenido a nivel internacional porque procura imponer la paz y la justicia en un mundo sin leyes. En tal escenario, los que están fuera de la ley deben ser neutralizados o destruidos. Siguiendo con esta alegoría del lejano Oeste, Kagan sostiene que Europa, especialmente la llamada “vieja Europa”, en cambio, no desempeña el papel del sheriff sino el del cantinero a quien sólo le importa que los malvados –léase Saddam, Khadaffi, o cualquier otro enemigo de los Estados Unidos- consuman sus licores y gasten el dinero obtenido con sus fechorías en su local. (Kagan, 2002, pp. 10-11) Nuestro autor remata su argumentación apelando a un trabajo de un experto británico, Robert Cooper, quien alega que al tratar con el mundo exterior Europa “debe regresar a los métodos más brutales de antaño –la fuerza, el ataque preventivo, el engaño y cualquier cosa que sea necesaria. ... Entre nosotros mantenemos la ley, pero cuando operamos en la jungla debemos también utilizar las leyes de la jungla.” La jungla es, obviamente, todo el resto del planeta que se encuentra fuera del Atlántico Norte.

El proyecto de la derecha no es pues volver a un pasado liberal que nunca existió. Es un proyecto fundacional y reaccionario que, según John Gray, supone

a) usar los poderes del gobierno federal y las corporaciones para imponer niveles de desigualdad desconocidos desde la década de 1920, muy superior a la desigualdad que existe en otros países capitalistas hoy;

b) llevar adelante un proyecto de encarcelamiento masivo de la población;

c) encerrar a la elite en comunidades valladas y vigiladas, dividiendo a la sociedad más profundamente de lo que se observa en países como Argentina y Chile.

d) coagular la existencia de una “underclass” condenada definitivamente a la exclusión y la opresión, viviendo en la indigencia. (Gray, 1998: pp. 103 y ss).

Se trata, en suma, de un plan de acción para librar una verdadera guerra civil cultural:

-exaltación de la tecnología (sus productos: como la internet, y sus agentes e íconos corporativos, como Bill Gates);

-demonización del estado;

-y la reafirmación militante de que todos los males sociales los solucionarán las fuerzas del mercado.

En resumen, no hay nada de nuevo en este supuesto “neoliberalismo”. Se trata de una filosofía difunta, que ha grotescamente revivido al concluir el siglo veinte. Su nombre más apropiado: paleo-liberalismo.

Lo que podríamos laxamente denominar como la “era liberal” de los gobiernos norteamericanos llegó a su fin en Agosto 1996, cuando Bill Clinton promulgó la Welfare Reform Act mediante la cual el gobierno federal abdicaba de gran parte de sus responsabilidades en la provisión de beneficios sociales, revirtiendo un logro consagrado desde mediados de la década de los años treintas por la administración de Franklin D. Roosevelt. El supuesto de esta reforma legal era que el reforzamiento de la “ley y el orden” sería un buen sucedáneo de las instituciones sociales que el mercado libre había liquidado.

Esta fenomenal regresión social, una verdadera “desciudadanización” de la mayoría de la población norteamericana, se produce en un tipo de sociedad que, como bien anota Gray, está dominada por profundos sentimientos de ansiedad e inseguridad. Desde mediados de los ochentas la economía ha crecido, igual que la productividad y la riqueza. Sin embargo, los ingresos de la mayoría de los norteamericanos se ha estancado. Aún para los que prosperaron, los riesgos futuros se acentuaron considerablemente. Muchos temen un fatal despido a la mitad de sus vidas y del cual difícilmente podrían recuperarse. Otros, un desfalco tipo Enron, que les esfume los ahorros de toda su vida.

Es por eso que los Estados Unidos son hoy una sociedad dividida, en la cual una mayoría ansiosa y temerosa está flanqueada por una subclase sin esperanzas y una “superclase” que se enriquece sin medida y a la que poco le importa el caos que siembra a medida que sus finanzas se fortalecen. De este modo, las capas medias de los Estados Unidos están redescubriendo la condición de inseguridad económica propia de los desposeídos que afligió a los proletarios europeos del siglo XIX. Pese a sus mayores ingresos y a su mejor posición social, su inseguridad económica es muy grande producto de su dependencia ocupacional y de sus trabajos crecientemente inciertos e inestables.(Gray, p. 111) Esta incertidumbre se acrecienta cuando se toma en cuenta que en los Estados Unidos hay una crisis profunda de una institución tan central como la familia. La penetración de la lógica mercantil en todas las esferas de la vida social afectó a esta institución nuclear de la sociedad. En 1987 la duración media de los matrimonios norteamericanos era de siete años, según el Censo de EEUU. Un norteamericano desempleado no puede esperar ayuda de la familia extendida, como en Italia o América Latina. La razón de esta crisis es la extraordinaria movilidad requerida a los trabajadores norteamericanos, acentuada por las tendencias desregulatorias recientes. Para calibrar los alcances de esta movilidad digamos que en el Reino Unido la probabilidad que un trabajador se mueva a otra región del país es veinticinco veces menor que en USA. Esto tiene serias implicaciones no sólo para la estabilidad de los lazos familiares sino también para la integración de los vecindarios y las comunidades residenciales.

El radical debilitamiento de la familia y la comunidad tiene serias implicaciones desde el punto de vista del control social. No es casual, entonces, la existencia de las muy elevadas tasas de criminalidad que caracterizan a los Estados Unidos. Sin embargo, esto no es lo novedoso. Lo nuevo es el recurso al encarcelamiento masivo como estrategia de disciplinamiento social, en reemplazo de los controles sociales y comunitarios.

Claro está que hay un doble encarcelamiento: por un lado, el de la población carcelaria (incluyendo los convictos sirviendo la sentencia, algo más de un millón y medio, según cifras del Departamento de Justicia) a los que hay que sumar quienes “están afuera” de las cárceles, en “parole” o “probation”, y que suman otros tres millones y medio. En total, más de 5 millones de personas con restricciones serias a su libertad. Un número enorme lo constituye también otro sector, el de los fugitivos y prófugos de la justicia.

Por el otro, también encerrados se encuentran los norteamericanos que dejan de cohabitar con sus conciudadanos y se retiran a comunidades fuertemente amuralladas, vigiladas con guardias privadas y toda la parafernalia que hoy ofrece la moderna tecnología. Hay 28 millones de ellos, un diez porciento de la población total, viviendo en tales condiciones.

El resultado de esta política es que la tasa de encarcelamiento de los EE.UU., a finales de 1994, era cuatro veces superior a la de Canadá, cinco a la del Reino Unido y 14 veces mayor que la de Japón. Tan sólo en California había en 1998 150.000 presos, contra los 18.000 que había en sus cárceles en 1970. La cifra anterior es superior al total de la población carcelaria del Reino Unido y Alemania combinadas.

La tasa de encarcelamiento varía, por supuesto, según clase y raza. Tal como era previsible, los negros tienen 7 veces más probabilidades de ir a prisión que los blancos. Las cifras son espeluznantes: uno de cada siete negros varones estuvo preso en algún momento de su vida. En 1992, más del 40 % de los negros varones entre 18 y 35 años de edad viviendo en Washington DC estaban en prisión, en probation, bajo parole o fugitivos. (Gray, p. 117).

El crimen y la ley. La otra cara del encarcelamiento masivo como técnica de preservación del orden social es la existencia de una desorbitada cultura de la litigación. Los EE.UU. tienen la tercera parte de todos los abogados del mundo. Hoy debe haber unos 900.000 en condiciones de litigar ante las cortes. Hay 300 abogados por cada 100.000 norteamericanos, pero sólo 12 en Japón y menos de 100 por 100.000 en Alemania.

Conclusión: el auge de las doctrinas libre-mercadistas, con su énfasis supersticioso en las virtudes del mercado para promover el bienestar colectivo y resolver los antagonismos sociales destruyó la fibra más profunda de la estructura social norteamericana. Las fenomenales cifras de encarcelamiento, crimen violento y litigaciones retratan a una sociedad en la cual la ley se convirtió en casi la única institución social que funciona, y las prisiones en uno de los poquísimos medios de control social.

LA RECONSTRUCCIÓN IDEOLÓGICA DEL DESTINO MANIFIESTO

Según Samuel Huntington, “la responsabilidad principal de los líderes occidentales… es preservar, proteger y renovar las cualidades únicas de la civilización occidental. Dado que es el país más poderoso de Occidente, esta responsabilidad recae abrumadoramente sobre los EE.UU. (Huntington, The Clash, p. 311) Por eso, según este teórico neoconservador, los EU deben promover una ‘civilización atlántica' con los países europeos a través de instrumentos tales como el Área Trans-Atlántica de Libre Comercio (TAFTA). Para el sur del Río Bravo, los Estados Unidos deben en consecuencia instituir el ALCA tan pronto como sea posible.

¿Qué significa hoy la expresión “Occidente?” Nada. En realidad, cuando en Estados Unidos dicen Occidente hay que entender “capitalismo neoliberal” o tiranía de los mercados. Y el ALCA es precisamente eso: pingües ganancias para los monopolios norteamericanos empaquetadas en un proyecto ideológico increíblemente reaccionario y que ofende a la conciencia de la humanidad. El ALCA es la expresión internacional de esta involución cultural, política y social experimentada por los Estados Unidos con el triunfo de la reacción neoconservadora. Por eso es incompatible con la libertad, la justicia, la democracia, la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la sustentabilidad ecológica, la autodeterminación nacional y el bienestar de nuestros pueblos. Por eso tiene que ser negociado en secreto. Conviene recordar una vez más las palabras de José Martí: “el pueblo que quiera ser libre, que sea libre en negocios.” El ALCA consagra nuestra sujeción económica a los Estados Unidos. Con ella desaparece también nuestra autodeterminación política y la poca democracia que con grandes sacrificios hemos logrado conseguir se vacía de todo contenido, convertida en una mueca carente de todo significado y eficacia transformadora. El ALCA es el caballo de Troya que introduce en los pueblos latinoamericanos la conciencia resignada de nuestro inexorable destino como colonias de los Estados Unidos. Las generaciones venideras jamás nos perdonarían si flaqueásemos en nuestra lucha para impedir tan indigna capitulación. Las propuestas surgidas de este Tercer Encuentro y los planes conjuntos de acción de los movimientos contra el ALCA, tanto a escala latinoamericana y caribeña como a nivel mundial, y el imperialismo norteamericano constituyen formidables aportes a una lucha que no puede conocer desmayos ni desalientos. Condición indispensable de la victoria es la creencia de que el imperialismo no es invencible ni inexpugnable. Sus debilidades son evidentes, tanto en el terreno militar como en el económico y el social. También son igualmente evidentes los progresos internacionales de la resistencia contra el ALCA y las pretensiones de dominación mundial de la Casa Blanca. Como lo recordara oportunamente Jean-Jacques Rousseau hace ya más de dos siglos, “Si Roma y Esparta perecieron, ¿que imperio puede durar para siempre? Hay que seguir en la lucha con más determinación que nunca. Aún estamos a tiempo para triunfar.

*Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

(Tomado de Cuba Socialista, enero del 2004)



 
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