| Del
III Reich a la Nueva Estrategia de Seguridad
Por
Pascual Serrano
Rebelión,
14 de octubre del 2002
En la escalada militarista de Estados Unidos, justificada tras los
atentados del 11-S, destaca el inminente ataque a Iraq. Los intentos
de justificación por parte del presidente norteamericano
pocas veces habían sido tan incoherentes ni habían
supuesto un nivel tan alto de burla a la inteligencia y al sentido
común de la comunidad internacional. Se fundamentan en la
existencia por parte de Sadam Hussein de armas de destrucción
masiva.
Pero frente a esa falsa justificación, no dejan de aparecer
voces más que acreditadas que la desautorizan. El ex inspector
de la ONU en Irak, Scott Ritter, máximo responsable de la
delegación de inspectores de la UNSCOM entre 1993 y 1998,
ya ha afirmado que no encontró una sola fábrica de
las que se le imputan a Iraq y añade la imposibilidad de
que se hayan construido posteriormente. También es oportuno
recordar que la salida de los inspectores ese año fue con
motivo del la Operación Zorro del Desierto, en diciembre
del 1998, no hubo una expulsión por parte de las autoridades
iraquíes. Otra de las voces legitimadas para desautorizar
la tesis de Bush ha sido la del capitán de navío Basilio
Martí, el militar español de mayor graduación
que integró el equipo de inspección de la ONU, quien
señaló que nunca se habían encontrado armas
prohibidas en Iraq y es difícil que las haya.
Mientras esto sucede, los inspectores de las Naciones Unidas ya
habían llegado a un acuerdo con el gobierno iraquí
para poder investigar sin limitación alguna todas las instalaciones
que desearan de territorio iraquí a excepción de media
docena de palacios presidenciales por razones dignidad nacional.
Algo que desmontaba las intenciones de Bush, por lo que vimos entonces
que, paradójicamente, era Estados Unidos quien hizo todo
lo posible para evitar que se desplazaran los inspectores a Iraq,
¿no era Sadam quien no quería?. Cuando la propaganda
norteamericana difundió imágenes aéreas de
la reconstrucción de edificios bombardeados argumentando
que se trataba de industrias de armamento, en sólo 24 horas
el gobierno iraquí estaba invitando a los inspectores a visitar
esos edificios.
Resulta también saludable señalar que este mismo sanguinario
dictador que gobierna Iraq es el mismo que en 1988 recibía
de Estados Unidos las últimas generaciones de antrax o material
de doble uso válido para la fabricación de armas químicas
y biológicas para su guerra contra los opositores, o 500
millones de dólares en subsidios para comprar productos agrícolas
norteamericanos.
A estas alturas, creerse la tesis norteamericana de la existencia
de armas de destrucción masiva como justificación
para la intervención, tal y como hace el gobierno español,
es incompatible con la decencia o la inteligencia. Más aún,
tras las últimas declaraciones de la Administración
Bush prometiendo el reparto del botín –petróleo
iraquí- entre los países que participen en la masacre.
Ya ni se presenta como el reparto de las inversiones para la reconstrucción,
como se hizo con Yugoslavia.
Mientras tanto, las voces levantadas denunciando las intenciones
criminales del gobierno Bush no sólo proceden de masivas
manifestaciones en todo el mundo y manifiestos colectivos de intelectuales
de izquierda, sino de personajes a los que no se podría calificar
precisamente de antiamericanos recalcitrantes como el ex fiscal
general Ramsey Clark, el candidato demócrata Al Gore, el
senador Robert Kennedy, el recién Premio Nobel Jimmy Carter
e incluso senadores demócratas que han llegado a afirmar
que "se huele el ambiente de Vietnam".
No nos engañemos, la denominada oficialmente "Estrategia
de Seguridad Nacional de Estados Unidos", presentada por su
presidente el pasado mes de septiembre instaura la teoría
del "ataque preventivo", algo que, como recordaba Pietro
Ingrao, era la esgrimida por Hitler para justificar sus invasiones
precedentes a la II Guerra Mundial, lo que convierte el documento
norteamericano en el nuevo Mein Kampf de George Bush. Esa tesis
rompe cualquier principio de derecho internacional, basado en al
ilicitud de agredir a cualquier país si antes éste
no ha recurrido a la violencia, principio legal ya violado por Estados
Unidos en Yugoslavia y Afganistán. No es esa la única
legislación internacional atropellada por Bush. El campo
de concentración de Guantánamo convierte en papel
mojado uno de los grandes avances del derecho humanitario internacional,
la Convención de Ginebra, destinada a dignificar el trato
a los prisioneros de guerra. Allí, la actitud norteamericana
ha sido la de no reconocer a los recluidos la condición de
prisioneros de guerra, lo que les envía a un limbo judicial
que ha permitido no sólo la tortura, la ausencia de asistencia
letrada y el incumplimiento de tratados de extradición, sino
el traslado a terceros países para ser interrogados sin control
ni supervisión de sistema judicial alguno ni organismo de
derechos humanos.
Si contrastamos la violencia ejercida por Estados Unidos contra
Yugoslavia, Afganistán o Iraq con la connivencia y complicidad
con Israel, que acumula 35 resoluciones de las Naciones Unidas incumplidas,
o dictaduras como las de Jordania, con el parlamento disuelto por
decreto real; Nigeria, permitiendo la lapidación de mujeres;
Paquistán, con un peligroso arsenal nuclear, o la gran mayoría
de monarquías feudales del Golfo, podemos descubrir que,
tras el discurso de lucha contra el terrorismo y defensa de la democracia
y los derechos humanos, lo único que se oculta es la consolidación
de un sistema de dominación mundial basado en el asesinato
de inocentes y la constante conculcación del derecho internacional
al puro estilo del III Reich. Y Aznar y Blair, en el papel de Goering
y Himmler.
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